… Y no pasa nada

25 de septiembre de 2017

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

 

Informaciones incompletas, pero acompañadas de ejemplos tangibles, dan cuenta de la masacre que está realizando el ejército de Myanmar –al que Estados Unidos acaba de otorgar amplia ayuda militar– contra la etnia de los rohingyas, de confesión musulmana, bajo el pretexto de combatir a un grupo armado al que sindica de terrorista.

Este caso de los rohingyas se suma al de los palestinos, yemenitas y sursudaneses que están siendo exterminados en un mundo lleno de discriminación y desigualdad, en el que nada se puede hacer, si no daña los intereses de las grandes potencias.

La represión contra los rohingyas ya tiene un saldo de 3 000 muertos y más de 400 000 desplazados a la vecina Bangladesh, donde subsiste en condiciones infrahumanas, luego de que en el estado de Rakhine se les disparó y se les quemó sus casas.

Hace unos meses, durante la primera fase de la actual campaña militar, un informe elaborado por una comisión de investigación de la ONU detalló relatos consistentes que apuntaban a masacres, asesinatos de civiles –entre los que se incluían menores y bebés– y violaciones sistemáticas, a menudo en grupo, de mujeres rohingyas.

Las organizaciones pro derechos humanos no han dejado de criticarlo que está pasando contra esta minoría, pero en la práctica no ha pasado nada. Lo peor de todo es se afirma que la principal co-responsable de esta barbarie es, paradójicamente, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi –a cargo de las Relaciones Exteriores y Consejera de Estado–, a quien el Arzobispo surafricano Desmond Tutu dedicó una carta para que cesase las hostilidades: “Mi querida Aung San Suu Kyi. Yo ya estoy viejo, decrépito y formalmente retirado, pero rompo mi promesa de permanecer en silencio por la profunda tristeza que me causa la situación de la minoría rohingya”.

Suu Kyi recibió el premio Nobel de Paz por su larga lucha por los derechos humanos, yahora dice que estos no es su prioridad, y forma parte de un problema en el que el gobierno ha impedido la entrada de la misión de las Naciones Unidas aprobada “con carácter urgente”, para investigar la violencia en este país y, en especial, los crímenes contra la Humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad contra la minoría rohingya.

Desde hace décadas, esta minoría ha estado reprimida por el gobierno de Myanmar. Del millón y medio de que se compone, solo unos 40 000 poseen la nacionalidad myanmense, debido a que renunciaron a la religión musulmana y se acogieron al budismo, religión mayoritaria en el país.

Las limitaciones e indiscriminación sistemáticas empezaron desde el inicio de la década de b1960, justo después de que el general Ne Win llegó al poder, a través de un golpe militar en marzo de 1962. Tres años más tarde, en 1965, se prohibió la producción y emisión de programas de la radio y televisión en su idioma, y desde entonces, poco a poco se aumentaron las presiones y limitaciones sociales, así como se cambiaron los nombres locales de esta población.

Lo peor de todo para los rohingyas comenzó en 1982 con la puesta en marcha de la ley de derechos de la ciudadanía. En aquel año, les denegaron la nacionalidad a miles de esta minoría de la noche a la mañana, y así esa comunidad musulmana fue excluida de muchos de sus derechos y libertades. Esta ley afectó incluso a quienes habían vivido por décadas en este país y por si fuera poco sus hijos fueron excluidos de los servicios de salud y educación. Por ejemplo, no se ejecuta la vacunación de los niños en las zonas de residencia de los rohingyas y solo hay pocas escuelas que funcionan de forma no oficial para educar a los niños de esta minoría.

Cabe mencionar que dichas limitaciones y presiones se realizaban incluso cuando no había crisis o conflicto. De hecho, la política oficial del gobierno reside en que los rohingyas no pertenecen a Myanmar y que han venido de Bangladesh. En este mismo contexto, en sus declaraciones oficiales califican a esta minoría de bengalíes. En las últimas décadas, como señalamos antes, el gobierno birmano solo ha concedido la nacionalidad a aquellos que han cambiado su religión y de esta forma el resto de la población permanece en una situación ambigua y por las crisis como la que ocurrió en 2012 o la que estamos viendo ahora, han tenido que escapar de la violencia sistemática.

Subrayo: nadie hace nada, ni organización alguna puede presionar para que se cambie la situación, por lo que apenas quedan los procedimientos de marcha y protestas contra una política de tierra arrasada y asesinatos sistemáticos y masivos.

Y luego hay quien pregunta el porqué los grupos armados, con procedimientos terroristas o no, pero violentos, engrosan tanto sus filas.