¿Vuelve la esclavitud a Brasil?
25 de octubre de 2017
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El régimen golpista brasileño acaba de adoptar una de sus medidas más desconcertantes, injustas y anacrónicas, ha denunciado la Organización Internacional del Trabajo (OIT); se trata de una normativa que, según esa organización mundial, debilita y limita la actuación para fiscalizar el trabajo esclavo, aumentando la desprotección y vulnerabilidad de buena parte de la población brasileña.
La OIT recuerda que, de este modo, Brasil interrumpe una trayectoria que lo llevó positivamente a convertirse en un modelo de liderazgo en la lucha contra el trabajo esclavo durante las últimas dos décadas, cuando casi cincuenta mil trabajadores fueron rescatados de condiciones calificadas como análogas a la esclavitud.
La agencia especializada de la ONU considera como un “retroceso lamentable” este decreto que pone en peligro el cumplimiento por parte de Brasil de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que las Naciones Unidas se han trazado para el año 2030.
Sorprendentemente, los golpistas brasileños limitan ahora el concepto de trabajo esclavo a “la restricción de la libre circulación del trabajador” e ignoran todas las demás, que son fundamentales para la caracterización o no de las prácticas señaladas como esclavitud moderna, universalmente aceptadas.
Ellas son, por ejemplo, las jornadas exhaustivas, los descuentos en deudas por alimentos o alojamiento, las condiciones degradantes de labor, las amenazas o intimidaciones, incluso armadas, para que el trabajador así semi esclavizado no denuncie públicamente esos maltratos por parte de sus amos de nuevo tipo.
Refiriéndose a las reciente normativas, la OIT afirma que “las modificaciones en el concepto de trabajo esclavo tienen que ser hechas a partir de un amplio debate democrático” y que, en caso contrario, “esas revisiones pueden resultar en conceptos que no caracterizan ade3cuadamente la esclavitud contemporánea”.
En Brasil, se han alzado voces contra semejante retorno al trabajo esclavo, como la Procuradora General de la República, Raquel Dodge, quien ha pedido la revocación de la nueva norma y asimismo lo hicieron los funcionarios auditores que hasta la fecha han velado por la proscripción del trabajo esclavo.
El Ministerio Público ha expresado que estas medidas violan la Constitución, el Código Penal y los compromisos ya adquiridos por el país como miembro de la OIT.
Se conoce, sin embargo –mediante algunas versiones de prensa– que las nuevas e inconcebibles normas de protección al trabajo esclavo, a estas alturas del siglo XXI, son una vieja reivindicación de los parlamentarios ligados a los intereses de los propietarios rurales, a los cuales el régimen golpista decidió complacer como parte de las “negociaciones” llevadas a cabo para salvar al presidente y sus colaboradores de las acusaciones de corrupción que deberían enfrentar en el Congreso.
De forma tan súbita e impropia ha vuelto la esclavitud a Brasil.
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