Venezuela: la batalla económica

23 de noviembre de 2013

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Orlando Oramas León

La apuesta de la derecha venezolana de apelar a la guerra económica de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre próximo pareciera una cruzada frustrada, a tenor con la respuesta del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro.
Todos los ingredientes estaban puestos para explosionar la olla, en particular la inflación inducida y la escasez programada, en un guión del que no escapa Washington y que semeja mucho al que le impusieron a Salvador Allende en Chile previo al sangriento golpe de Estado.
Es cierto que en Venezuela hay un alto gasto social, que incide en que los sectores menos favorecidos, e incluso de la llamada clase media, aumenten su poder adquisitivo y de consumo.
Pero también es verdad que estamos hablando de un país cuyos ingresos petroleros son millonarios, amén de la fuga de capitales que provoca la burguesía, tramposa a más no poder para violar los controles establecidos al efecto.
Ya lo decía el presidente Maduro, al iniciar la contraofensiva revolucionaria ante una guerra despiadada que llevó la inflación de enero a octubre al 45,8 por ciento, y la interanual al 54,3.
El mandatario venezolano advertía a los empresarios que la estructura de la economía del país sudamericano no indicaba la prevalencia de tales índices negativos. Incluso, los conminaba a sujetarse a las reglas.
Palabras al vacío. El plan monitoreado de cerca por Estados Unidos implicaba lo que ahora denominan golpe suave, sin militares, pero buscando la desesperación del pueblo ante una maniobra destinada a ahogarlo económicamente.
La fórmula ha estado ensayada en Venezuela por años: sobreprecio en los mercados, acaparamiento de productos de amplio consumo y ataque a la moneda nacional para provocar su devaluación desmedida frente al dólar.
Apostaron a que Maduro no era Hugo Chávez, otra forma de descalificar el legado del líder de la revolución bolivariana. Pero se equivocaron.
De nada valieron los epítetos para deslegitimar al designado por el Comandante-Presidente para que las masas revolucionaras continuaran la obra transformadora. Maduro, que se inició como sindicalista en el Metro de Caracas, aprendió de su maestro y picó delante.
La ofensiva cívico-militar, pilar fundamental de ese proceso, volvió a funcionar como lo hizo en tiempos de Chávez. La intervención de cadenas comercializadoras, la fiscalización de precios en función de los más necesitados, la valieron a Maduro el calificativo popular de “presidente justiciero”.
Alertada la revolución, se discutía al propio tiempo, en la Asamblea Nacional, la Ley Habilitante, por la cual el presidente podrá legislar en lo adelante contra la corrupción.
Esos poderes especiales fueron aprobados y ya Maduro hizo uso de ellos para firmar la Ley para el Control de los Costos, el Control de las Ganancias y la Protección de la Familia.
Posteriormente rubricó otra, la de Comercio Exterior, con la cual se crea el Centro Nacional de Comercio Exterior para controlar las importaciones, promover las exportaciones y administrar las entrega de divisas.
Tal legislación evitará la especulación y los ataques contra la moneda nacional, el bolívar, en el centro del colimador de la guerra económica de Estados Unidos y su quinta columna.
Las reacciones son negativas para la derecha. Las grandes cadenas comercializadoras, ante la fiscalización del gobierno, decidieron rebajas sustanciales de productos que llegaron a tener hasta a más del mil por ciento de sobreprecio.
Es apenas una fotografía de esta batalla, para la cual el gobierno bolivariano se puso las pilas, como dicen allá, en una ofensiva en la que la contrarrevolución apela a la calentar las calles.
Craso error, otro más. La derecha política del lado del empresariado especulador, y el gobierno bolivariano defendiendo los derechos del pueblo, sin distinción de clases.