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¿Todos contra Sandra?

18 de junio de 2019

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Sandra Torres, socialdemócrata y fundadora del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), acaba de ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales guatemaltecas, pero con un magro 25%, la mitad del 50% más uno de los votos exigidos para el triunfo total, por lo cual irá el 11 de agosto próximo a una segunda etapa en la que tendrá como rival al muy avezado derechista Alejandro Giammattei, de la agrupación Vamos, quien obtuvo menos del 15% y ya está dado a la tarea de aunar todo lo conservador y reaccionario no clasificados para la segunda ronda.

En total fueron 24 los que aspiraban originalmente a la presidencia, pero el Tribunal Supremo eliminó a cinco por diversas razones, y de los 19 aspirantes sólo la representante de la centrista UNE y de las tres agrupaciones de izquierda presentaban programas para mejorar la calidad de vida del guatemalteco, en una nación donde el presidente saliente, Jimmy Morales, condenó al 60% de la población a la pobreza el 24% de ésta a la extrema.

Recordemos que hace cuatro años Torres fue derrotada por Morales en la segunda vuelta, quien aprovechó sus amplios contactos con los cuerpos militares, su exitosa carrera de actor cómico y la inmensa mayoría de los medios de información, que denostó a su rival, nada querida entonces por los círculos empresariales que rechazaban y ponían obstáculos a su programa social.

Como en aquella ocasión, hay medios en tierra guatemalteca que compiten con los libelos de la alianza gusaneril residente en Miami en los ataques al pasado guerrillero de Sandra Torres, calcándola de asesina y comunista, además de explotar un cierto perfil autoritario, que no la abandonó mientras se ocupaba de impulsar la educación y salud, durante el mandato de quien fue su segundo esposo, el hoy ex presidente Álvaro Colom.

Mientras Giammattei cuenta aparentemente con el respaldo de Roberto Arzú, hijo del multimillonario ex presidente Álvaro Arzú, y las otras mayoritarias entidades derechistas, Sandra Torres tendrá que buscar el apoyo de las fuerzas progresistas que no lo hicieron en el 2015, además de Thelma Cabrera, ocupante de un meritorio cuarto lugar, con cerca del 11% de os votos emitidos.

La candidata indígena, abanderada del Movimiento para Liberación de los Pueblos (MLP), ha propuesto convocar a una asamblea constituyente para reivindicar las demandas de los pueblos originarios, que representan el 39% de los guatemaltecos.

Un dato que llama la atención es la manera en que los candidatos punteros prácticamente han omitido hablar sobre la posible continuidad de la CICIG, ente que con el apoyo de Naciones Unidas, entró en vigor en el 2007 para investigar casos de corrupción y desmantelar redes criminales.

A pesar de que en los últimos años la organización se ha convertido en un referente para dar y documentar grandes casos de corrupción, su futuro luce incierto a pesar de contar con el apoyo del 72% de los guatemaltecos.

De ahí que el anuncio de Morales sobre la desaparición de la CICIG, (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, auspiciada por Naciones Unidas) para septiembre próximo, generó una oleada de protestas en Guatemala.

“Con el apoyo de la CICIG desde el 2007, se lograron más de 300 condenas de personas por casos muy graves de criminalidad organizada, de corrupción. (…) Ha habido iniciativas legislativas que promueven la impunidad. La primera solicitud que hacemos al futuro presidente es que se restablezca la comisión, porque, realmente, ha tenido un papel central en Guatemala”, comentó Jimena Reyes, directora para América Latina de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Los dos finalistas en estos comicios enfrentan acusaciones de financiación electoral ilícita, incluida la favorita, Sandra Torre, quien es acusada de aceptar financiamiento ilícito en la propaganda electoral en el 2015, no probado.

Peor es la acusación contra Alejandro Giammattei, al que se señala como autor de abusos y crímenes, mientras era director del sistema penitenciario nacional.

Asimismo, se habla de un pacto de corruptos entre Jimmy, legisladores y oligarcas para evitar el trabajo de la Comisión, debido a la impunidad que gozan en la realización de toda una serte de delitos, aunque algunos suspicaces indican, y no sin razón, que entes de este tipo han sido utilizados por la inteligencia imperialista para sacar del juego político a destacadas figuras progresistas, a quienes le fabrican casos de corrupción, sin pruebas fehacientes.

Así han hecho con Lula, Dilma Rousseff y el ex vicepresidente de Ecuador, y tratan de hacer ahora con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y la senadora aspirante a la vicepresidencia argentina, Cristina Fernández.

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