Sin garantías, no hay paz
13 de junio de 2017
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La vida ha demostrado que el gobierno de Juan Manuel Santos, no obstante tener el mérito de coadyuvar al diálogo, peca de flojo en el cumplimiento del Acuerdo de Paz que firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Lógico, humano, es trabajar por la salida dialogada y política al conflicto social, cultural y armado colombiano de más de cinco décadas, y defender el convenio, pero es claro que no existen garantías para la oposición política y, por tanto, tampoco existen para la paz, debido al fortalecimiento armado y territorial del paramilitarismo que ha cobrado la vida de casi dos centenares de líderes sociales en menos de 20 meses.
A pesar de que el Acuerdo de Paz contiene importantes puntos y propuestas para ser implementados, al no existir tales garantías el acuerdo toma un camino distinto al que se firmó, puesto que era responsabilidad del gobierno garantizar la vida de los opositores políticos, así como combatir y evitar que el paramilitarismo tomara control de los territorios donde tenían presencia las FARC-EP.
Recordaba el estudioso colombiano Carlos Lozano Guillén que Carlos Marx destacaba que “el motor de la historia está en la lucha de clases”, y no es ajeno a ello el proceso histórico colombiano en el momento actual.
Como ha ocurrido en las ocasiones anteriores con los procesos de paz, con mayor razón cuando se ha avanzado tanto como en este momento, la oligarquía colombiana se resiste a los cambios para avanzar hacia la solución política definitiva del conflicto.+
Los diálogos de las FARC-EP con gobiernos anteriores, fracasaron, porque la clase dominante se cerró a toda posibilidad de apertura democrática y social. En esta ocasión, un gobierno débil y vacilante como el de Santos, alentado por el realismo de llegar a un acuerdo político y social para ponerle fin a la confrontación armada, llegó hasta la firma del Acuerdo Final, en proceso no exento de dificultades.
El documento concertó importantes reformas sociales y políticas de beneficio para el campo y la ciudad, el cese del fuego y las hostilidades, la reparación de las víctimas, la dejación de armas y el tránsito de las FARC-EP hacia una fuerza política democrática y sin armas, entre otras.
Como nunca se llegó tan lejos y quedó planteada la posibilidad histórica del fin de la confrontación armada y el avance definitivo hacia la paz estable y duradera.
Pero como lo advirtió Iván Márquez, jefe de la delegación de Paz de las FARC-EP, el proceso de la implementación del Acuerdo Final de La Habana será más difícil que el diálogo que duró tres años. Los hechos están demostrando la realidad. La llamada implementación pasa por momentos difíciles, evidenciados en el retraso del cumplimiento de compromisos oficiales, el letargo de los proyectos en el Congreso, la conspiración de los enemigos de la paz desde dentro y fuera del gobierno y desde dentro y fuera del Estado y de los obstáculos que surgen con una extrema derecha agresiva, estimulada por las vacilaciones oficiales.
La carta de los derechistas generales en retiro es sintomática de cuál es la posición de los ex altos mandos en la reserva, pero también de cuál es el pensamiento de varios oficiales activos que se resisten al proceso de paz y siguen aferrados a la idea de que llegará algún día la madre de todas batallas. Para algunos analistas es una posición peligrosa y que no descarta el ruido de sables, como se dice cuando hay el probable peligro de un golpemilitar o cívico-militar, que sería lo mismo.
Hay avances, porque la guerrilla ha ido cumpliendo su parte, pero el incumplimiento está del otro lado, lo cual hace que sin garantías, no hay paz.
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