Salvar la paz en Colombia
17 de enero de 2018
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Salvar la paz en Colombia se ha convertido en una consigna universal, más allá del país mismo, y muy en particular una necesidad para el futuro de América Latina y el Caribe. Ello parece entenderlo con claridad el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quién ha realizado una visita expresamente con ese objetivo, reuniéndose allí con los representantes gubernamentales –incluido el presidente Santos– de las FARC y otros sectores: iguales reclamos han hecho los países garantes de los Acuerdos de La Habana.
También se refirió el visitante a las interrumpidas negociaciones del gobierno colombiano con el ELN en Quito, cuando al no prolongarse el alto al fuego se amenaza con la reanudación de los choques armados, pues el Ejército ya recibió órdenes de actuar y pasar a la ofensiva contra esa organización guerrillera.
No por primera estas difíciles negociaciones pasan por semejantes o parecidas crisis, que han tenido hasta ahora una solución al menos temporal permitiendo su continuación hasta llegar –al menos formalmente– a los acuerdos suscritos, a pesar de muchas dificultades y entuertos que, por otra parte, eran inevitables si tenemos en cuenta las proporciones y la duración del sangriento conflicto y el elevado número de víctimas fatales, en gran número inocentes, que exigen justicia.
En esta ocasión, sin embargo, la coyuntura es particularmente peligrosa, en vista de la actual situación internacional y latinoamericana en especial, junto a la renovada agresividad e inescrupulosidad de la Administración Trump, el sabotaje constante del grupo político de Álvaro Uribe y las presiones de todo tipo sobre el gobierno de Colombia.
Mientras ninguno de los firmantes ha hecho dejación de su voluntad de paz y la necesidad imprescindible de alcanzarla en el más corto plazo y salvando los mayores obstáculos, el hecho cierto es que se suceden los crímenes contra líderes y activistas sociales en todo el país y los asesinatos de ex guerrilleros desmovilizados de las FARC, ante la inacción de la fuerza pública.
La gravedad del momento queda reflejada en las propias declaraciones del secretario Guterres en Bogotá, cuando pidió que “el Estado está presente en toda Colombia como garantía de paz y creación de oportunidades para todos”, recordando las obligaciones que le corresponden según los acuerdos vigentes.
Más allá de cualquier retórica o especulación al respecto, sería necesario preguntarse ¿A quién beneficiaría la ruptura de los acuerdos de paz, el fracaso de las negociaciones con las organizaciones guerrillera y la reanudación del sangriento conflicto, una vez avanzado el largo y difícil camino que condujo hasta aquí a los contendientes por más de medio siglo?
Si recordamos la vigencia del Plan Colombia y la existencia de bases aérea estadounidenses de avanzada dispersas en todo el territorio colombiano, así como los diversos compromisos establecidos entre los dos países desde hace muchos años, no es de dudar que sería el voraz imperialismo de Estados Unidos el gran beneficiario del fracaso de la paz, logrando de este modo las puertas más abiertas para reforzar el control, influencia y explotación sobre ese importante país, que añade a su valor estratégico una extensa frontera con Venezuela.
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