Resistencia mapuche
12 de octubre de 2017
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La imagen de un niño mapuche herido por perdigones disparados por carabineros chilenos es lo más reciente que recojo de la represión ejercida contra esa comunidad, que reclama la devolución de sus tierras ancestrales no solo en Chile, sino también en Argentina.
Todo se realza en un difícil momento, cuando el gobierno chileno –que ya finaliza su mandato– es muy débil para plantear la grave situación de esa comunidad, y el argentino se burla del reclamo y hasta hace desaparecer a uno de sus defensores, Santiago Maldonado, durante el allanamiento policial a una localidad mapuche.
Este es el panorama actual resultante de un “acuerdo” impuesto por la fuerza, que les hizo perder sus tierras en la región chilena de la Araucanía y en la argentina de la Patagonia.
Y es que tanto en Chile como en Argentina los mapuches son ciudadanos de segunda, supeditados a la discriminación cultural, económica y social.
La reivindicación de sus derechos a la justicia, la libertad, sobre la tierra y la autodeterminación son contestados con represión y violencia, y las autoridades chilenas y argentinas hasta les prohíben que protesten pacíficamente.
El quid de la cuestión es que en ambas naciones la clase dominante vendió las tierras mapuches junto con sus habitantes.
Y sin restar “méritos” a la entrega de tierras chilenas al imperialismo británico, lo más escandaloso ocurrió en Argentina
El Estado argentino regaló gran parte de estas tierras a más de 50 compañías inglesas que comenzaban a operar dentro del país para que las colonizaran. Tan sólo en Chubut eran dueños de dos millones 300 000 hectáreas. Gran parte de ellas fueron administradas por un fondo de inversión común llamado Compañía de Tierras del Sud Argentino.
“La Compañía” –como solía ser conocida– explotó esas tierras durante casi un siglo en condiciones excepcionalmente favorables: pudo producir, importar, exportar y obtener utilidades, sin tener que pagar durante años derechos aduaneros ni otra clase de tasas, o beneficiándose con tipos de cambio preferenciales y aranceles reducidos. Pasaron más de 130 años y ningún gobierno tocó las bases estructurales de este modelo económico de rapiña.
En 1975 la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina, compró el paquete accionario de “La Compañía” hasta 1991, cuando bajo el gobierno de Menem, Luciano Benetton se hace de esas tierras hasta la actualidad.
A través del holding internacional del grupo Benetton, Edizione, el magnate italiano compró por 50 millones de dólares las casi 900 000 hectáreas ubicadas en un 98% en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, donde se dedica a la producción de lana, principalmente, aunque ahora aparece un mercado nuevo para explotar y es el petrolero, que se expresa en un yacimiento que también se encuentra en disputa territorial: Vaca Muerta.
Y esto es solo una pequeña parte del problema, que los gobiernos argentinos, todos, incluidos progresistas, lo convierten en intocable. En Chile sucede otro tanto, y el “plato roto”, por supuesto, lo paga el pueblo, sobretodo los dueños ancestrales de las tierras, los mapuches.
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