Resistencia en La Puya
21 de abril de 2014
|Por estos días se habla de la continuidad de la resistencia pacífica de la comunidad indígena guatemalteca de La Puya contra un proyecto de extracción minero, lo cual me hace recordar, en mayor medida, aquel movimiento similar en la India que dio al traste con los colonialistas ingleses. Allí, decenas de miles de personas atravesadas sobre los rieles impidieron el avance de los ferrocarriles y, en este mismo contexto, la huelga de las costureras hizo quebrar fábricas de ropa de la metrópoli.
Pero la resistencia pacifica de la Puya se produce en una nación que, como Guatemala, ha sido un triste paradigma en la violencia indiscriminada contra los pueblos, principalmente en Latinoamérica.
El genocidio guatemalteco o genocidio maya ocurrió en Guatemala en los años 80’, en el marco del conflicto armado interno (entre 1960 y 1996). Según el informe Memoria del silencio, Guatemala: nunca más (de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico), en esa época más de 200 000 personas fueron desaparecidas o asesinadas.
El 100% de las desapariciones fueron cometidas por el Estado inconstitucional guatemalteco, apoyado por los gobiernos de Argentina, Chile, Estados Unidos, Israel y México. El 90% de todos los asesinatos fueron cometidos por los militares. El 98 % de los actos de terrorismo de Estado quedaron sin castigo después de la firma de la amnistía, en 1996.
Antecedentes históricos
Como apuntamos antes, la violencia en Guatemala comenzó en 1960, seis años después de que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos dirigiera un golpe de Estado, para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz.
La guerra fuera de Guatemala se describió como una lucha contra los insurgentes izquierdistas. Pero de hecho se trató de una campaña para militarizar a la sociedad entera, intimidar a la población indígena, expropiar tierras y entregar los recursos a una diminuta clase rica.
Al final de la década de los 70’ del siglo XX, el régimen guatemalteco de Guatemala había llegado a ser muy conocido por la represión. El gobierno estadounidense del entonces presidente Jimmy Carter, suspendió la ayuda militar en 1977, pero Sudáfrica, Taiwán e Israel continuaron proporcionando al régimen armas y entrenamiento.
Una de las comunidades indígenas, conocida como Río Negro, vivía a las orillas del río Chixoy (también conocido como Río Negro), en el territorio de Baja Verapaz. El valle ha sido habitado por los mayas, desde el año 300 a.n.e hasta el 900 a.n.e y fue la sede de muchos enterramientos ceremoniales. La tierra era la fuente del sustento para sus habitantes, a la vez que un vínculo con su pasado y su cultura mayas. La comunidad de Río Negro poseía 1 440 hectáreas de tierra, de las cuales a penas la mitad eran de propiedad privada. El resto era utilizado por la comunidad entera para pastos y leña.
La entrada de las patrullas envenenó la vida de la comunidad. El 13 de febrero de 1982, les pidieron a los habitantes de Río Negro que llevaron sus tarjetas de identificación a Xococ y volvieran una semana después a recoger las nuevas. Setenta y cuatro habitantes hicieron el viaje, y 73 no volvieron nunca.
Los hombres decidieron huir a las montañas, y un mes después, la noche del 13 de marzo de 1982, las patrullas llegaron allí y mataron a 117 mujeres y niños.
Dos meses más tarde, el ejército atacó y mató a otras 84 personas en un lugar llamado Los Encuentros, en el valle del Río Negro. Se llevaron a 15 mujeres en helicóptero, a las que nunca se les volvió a ver.
Y así como la impunidad ha campeado desde hace décadas, volvió a hacerlo hace menos de un año, cuando en la noche del 7 de septiembre del 2013, grupos armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil, asesinando a 11 personas e hiriendo gravemente a otras 15, entre ellas varias niñas.
Estos hechos se dieron a pocas semanas del aniversario de la masacre de Totonicapán -4 de octubre del 2012-, en la que miembros del Ejército asesinaron a 8 activistas indígenas, y militarizaron la región circundante, con el fin de proteger los intereses de las transnacionales.
En el caso de San José Nacahuil, la comunidad forma parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la mina El Tambor, un proyecto operado por la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA y Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.
Desde marzo del 2012, el plantón pacifico en La Puya -el nombre con el que se conoce al campamento establecido a la entrada de la mina- es el principal instrumento que el movimiento ha desarrollado frente al proyecto de minería.
Su lucha se ha convertido, en poco tiempo, en un caso emblemático de resistencia pacífica frente a la minería en Guatemala, logrando hasta la fecha evitar el avance de trabajos de explotación con los que no están de acuerdo. Una gran parte de la población perteneciente a pueblos cercanos afectados por la minería, forma parte de la resistencia.
Es decir, se mantiene la firmeza maya, pese a las agresiones y ante la desidia de continuos gobiernos incapaces de detener la mano agresora de quienes quieren seguir detentando las principales riquezas guatemaltecas.
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