Represión que no cesa
28 de junio de 2021
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Nada nuevo aporta en el panorama colombiano la continuada represión y violación de los derechos humanos en cada rincón del país, con un gobierno conformado en el uribismo, elemento que se mantuvo vigente aún en el anterior gobierno de Juan Manuel Santos.
El paramilitarismo, los falsos positivos las masacres de familias enteras, principalmente en zonas indígenas; los asesinatos selectivos de activistas políticos y sociales y ex combatientes que, confiados, depusieron las armas, esto último mediante un plan elaborado ir las inteligencias local y norteamericana, constituyen la mayor parte de los factores que hacen virtualmente la vida imposible a quienes pretendan ejercer su derecho a la libertad, son pena que pierda el de la vida.
El actual gobierno de Iván Duque se ha propuesto “mejorar” el neoliberalismo existente, tratando incluso de aumentar los impuestos a clases baja y mediana muy golpeadas por la descuidada pandemia del nuevo coronavirus.
En fin, todo un desastre que en lo político tuvo su más alto nivel de decepción y servilismo, cundo en Naciones Unidas se abstuvo en votar contra el bloqueo norteamericano a Cuba, algo que no había hecho anterior gobierno colombiano, ni el de su mentor, Álvaro Uribe.
Viviendo de los muchos dineros que le dejan los latifundistas y narcotraficantes, permitiendo abusos policiales contra quienes se enfrentan al vil comercio en la principal nación productora de cocaína en el mundo, Duque ha seguido y aumentado la tradición de represión que los entes en el poder han utilizado desde hace muchas décadas contra el pueblo colombiano, y no sólo en las más de cinco décadas de guerra civil, cuyo acuerdo de paz al efecto lo ha convertido en instrumento inservible y de burla, acorde con los tímidos llamados a observarlos, como el de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, tan virulenta cando se trata de una cuestión referente a Venezuela.
MÁS DE LO MISMO
Colombia ha vivido muchos períodos de violaciones a los derechos civiles hasta hoy, con una represión que no cesa desde 1928
Las protestas estudiantiles en Bogotá en 1929, el Bogotazo, el movimiento del 68, el paro cívico del 77, el Paro Agrario, el estallido de noviembre del 2019 y las protestas de septiembre del 2020 son partes de una lista que se completa con la brutalidad policial contra las más recientes manifestaciones.
Existe una continuidad entre la Colombia de Iván Duque que reprime y mata a un pueblo autoconvocado contra la reforma fiscal o el cumplimiento de los acuerdos de paz y la masacre de las bananeras que retrató Gabriel García Márquez en Cien años de soledad.
Pasaron 93 años desde aquel episodio de 1928. El presidente era el conservador Miguel Abadía Méndez. Una huelga de los obreros de la United Fruit Company estadounidense la mandó a sofocar con el ejército. La cantidad de muertos nunca se supo con exactitud.
A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, a cada protesta ciudadana se respondió de manera parecida. Con las fuerzas armadas o la policía. Con balas y en el más leve de los casos, gases lacrimógenos, carros hidrantes o el bolillo, como se llama en ese país a la cachiporra que usa el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), responsable de los muertos, heridos y desapariciones durante las manifestaciones, que empezaron el 28 de abril
La ONG Temblores, citada en la mayoría de los informes sobre víctimas fatales y personas desaparecidas, redactó un trabajo de 74 páginas que tituló Bolillo, Dios y Patria. El prólogo lo escribió María José Pizarro Rodríguez, congresista, nieta de un militar e hija de Carlos Pizarro Lengones, líder de la guerrilla del M-19 asesinado en 1990, después de firmar el proceso de paz y cuando era candidato a presidente.
Cuenta ella que, desde la masacre de las bananeras, Colombia ha vivido muchos períodos de excepción donde se violaron los derechos civiles. Su lista es larga, porque amplia los ya citados: “las protestas estudiantiles en Bogotá en 1929, el Bogotazo, el movimiento del 68, el paro cívico del 77, el Paro Agrario, las movilizaciones indígenas, la Minga del suroccidente, las movilizaciones estudiantiles, el paro del 21N y las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 han definido una manera policial de enfrentar y dirimir nuestros conflictos”.
En ese relato de luchas reprimidas por los distintos gobiernos conservadores o liberales, faltan los falsos positivos: la ejecución de civiles que el ejército siempre presentó como guerrilleros para optimizar las estadísticas de las bajas que provocaba. Después del acuerdo de paz que el Estado firmó con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2016 se siguieron sumando los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros, igual que como había pasado en los ’90 con los exintegrantes del M-19.
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