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Quo vadis, Moldavia?

3 de julio de 2019

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Érase una muy pequeña nación, con muchos habitantes, con problemas de identidad nacional, que, no obstante, tenía una situación próspera dentro de la antigua comunidad de países socialistas del este de Europa. Pero la corrosión de sus gobernantes, quienes, como se dice vulgarmente, quisieron cambiar el Moskvich por el Mercedes, sin tener la economía para ello, llevó a la inmensa mayoría a la miseria, a una corrupción sin par, que coadyuvó a que se convirtiera en la nación más pobre del llamado Viejo Continente.

Hoy, Moldavia, nada en la miseria, muchos de sus jóvenes abandonan el país, vive de lo que le envía la emigración y subsiste en gran medida por las ganancias del narcotráfico, mientras la trata de blancas es infinita y muchos de sus adolescentes y niños están traumatizados en un mundo que no comprenden, por lo cual y algunos llegan a suicidarse.

Moldavia sufre desde junio una especial crisis política, en la que llegaron a dirmirse intereses del Ejecutivo y el Legislativo, que sólo vino a avenirse con la participación de Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

Es imprescindible realizar una aproximación a los acontecimientos que provocaron el terremoto político y con él un cambio en el gobierno de esta pequeña república de dos millones de habitantes que viven en poco más de 30 000 kilómetros cuadrados, cuya cuarta parte tiene preferencia por adherirse a Rumanía y otra parte a ser ciudadanos rusos, a pesar de tener como frontera, además del territorio rumano, al ucraniano.

Las elecciones parlamentarias de febrero no otorgaron ninguna mayoría clara en la cámara de diputados. Comenzaron entonces las negociaciones entre grupos políticos, como en tantos otros regímenes parlamentarios. Es el artículo 85 de la Constitución moldava el que entiende sobre la disolución del parlamento, siendo uno de los supuestos el de la imposibilidad de formar gobierno por no obtener la mayoría en la cámara durante un periodo de tres meses (art. 85.1).

Las negociaciones entre los grupos habían llegado a un punto muerto cuando, de manera sorprendente, el Partido de los Socialistas de Igor Dodon consiguió llegar a un acuerdo con la plataforma pro-EU ACUM (Ahora) dirigida por Maia Sandi (Acción y Solidaridad) y Andrea Bastase (Dignidad y Verdad). Esta alianza contaba con 61 de los 101 escaños del parlamento y tenía como principal objetivo expulsar del poder a Vladimir Plahotniuc, del Partido Demócrata, principal representante del régimen oligárquico de Moldavia.

Inmediatamente fueron nombradas Zenaida Greciana, ex primera ministra comunista y ahora socialista, como presidenta del parlamento, y Sandi como primera ministra. La primera resolución del nuevo gobierno fue la de definir a Moldavia como “Estado capturado” y la necesidad de lanzar un programa de “desoligarquización” del país. Todo esto sucedía el 8 de junio.

Un día después, el Tribunal Constitucional moldavo dictaminaba que el último día para la formación del nuevo gobierno era el 7 de junio, día en el que se cumplían los 90 días que estipulaba la constitución tras la celebración de elecciones en su artículo 85.1. Es decir, interpretó que los “tres meses” mencionados en la constitución se correspondían con “90 días”. Sin embargo, otra interpretación del artículo constitucional daba de margen hasta el día 9 de junio.

A la velocidad del rayo se nombró un ministro de Exteriores que fuera capaz de recibir de manera rápida el apoyo de los actores internacionales relevantes. Esa persona fue Nicu Popescu, conocido por liderar el Programa Wider Europe, del think tank ECFR, y al que el nombramiento pilló en el Eurotúnel. Ante la disputa de legitimidades era imprescindible conseguir el apoyo internacional, y Popescu lo obtuvo en un tiempo exprés. De este modo, Plahotniuc y el Partido Demócrata se vieron obligados a abandonar el poder el 14 de junio.

A partir de ese momento el nuevo gobierno tenía que ponerse en marcha, tarea harto difícil por cuanto las fuerzas políticas que lo conforman no pueden ser más opuestas en sus aspiraciones geopolíticas. Ningún analista de dentro o fuera del país consideró nunca la posibilidad de que se formara un gobierno entre socialistas y la plataforma ACUM. Más bien se apostaba por un gobierno en coalición entre Dodon y los demócratas o una nueva convocatoria electoral. Así que ambas fuerzas políticas tendrán que trabajar muy duro para establecer objetivos comunes donde poder trabajar de manera conjunta.

No va a ser esta tarea sencilla a la luz del legado del gobierno anterior. Moldavia cuenta con unas instituciones estatales burocratizadas y vaciadas, un sector de la justicia corrupto y controlado por el ejecutivo, inestabilidad financiera y el absoluto control de los medios de comunicación por el primer ministro saliente. Pero donde va a ser especialmente complicado el entendimiento es el ámbito de la política exterior, dadas las enormes discrepancias entre ambas partes: una quiere formar parte de la Unión Euroasiática, y la otra quiere continuar la ruta trazada en el 2014, tras la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

El caso de Moldavia es un gran ejemplo de las consecuencias que puede tener para el proceso de institucionalización y democratización de un país la promoción de las llamadas “estabilocracias” por la UE. La permisividad con la que se ha aplicado la condicionalidad ha permitido a los intereses oligárquicos apropiarse del país. A cambio, la Unión garantizaba una estabilidad en su frontera que no comprometiera la seguridad europea, dejando a un país sumido en la bancarrota y con un sistema judicial corrupto y controlado por intereses económicos y políticos.

Ahora Moldfavia está en una encrucijada, en medio de una falta de ejecutividad que mete miedo y que puede hacer empeorar-la ya increíble situación de pobreza y de otros males que enumeramos al principio.

Superar, eliminar las lacras, es lo más importante, y que los actuales factores políticos piensen en ello y no solo se preocupen por mantener el poder.

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