Pisoteando derechos
8 de julio de 2019
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“Son reconocidos a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, compitiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes”, reza la Constitución de Brasil, que hoy es pisoteada por el presidente Jair Bolsonaro, dedicado de lleno a la infame tarea de entregar el suelo donde viven a latifundistas y empresas mineras y agroindustriales, mientras esgrime hipócritamente la frase de que no puede ver a un pobre en tierras de ricos.
Así, compró la voluntad de algunos jefes tribales para conseguir los votos de quienes considera pertenecientes a una raza inferior, mientras lamentaba que no se repitiera en Brasil lo mismo que se hizo en Estados Unidos, cuando exterminó a los indios.
Líderes indígenas de diferentes aldeas de Brasil han solicitado reiteradamente la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la eliminación de los abusos gubernamentales, pero luego de presenciar la infamia del informe parcializado de la Alta Comisionada de esa entidad contra el gobierno de Venezuela, nada alienta a esperar que algo sea resuelto, y sí que testaferros de latifundistas y empresarios eliminen físicamente a quienes demandan lo imposible mientras exista un régimen como el de Bolsonaro.
Pero esto es un problema que viene desde mucho antes, y que es una asignatura pendiente para este y los gobiernos anteriores, sean del matiz que fuese.
Aunque no hay todavía informe sobre los abusos más recientes contra la población aborigen, sí se sabe que sólo en el 2017 se produjeron 110 asesinatos, entre ellos el de un bebé de un año; 702 casos de mortalidad infantil; ocho muertes provocadas por inasistencia en el área de la salud, en muchos casos de enfermedades de fácil tratamiento; 33 violaciones del derecho a la tierra y 128 registros de suicidio.
“Denunciamos una realidad de absoluta inseguridad jurídica en lo que se refiere a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el país. En Brasil, los tres poderes del Estado han sido cómplices de la presión sobre sus territorios, permitiendo la explotación de sus recursos naturales, y la violencia en las aldeas”, afirmó Roberto Liebgott, coordinador del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), que elabora cada año una relatoría sobre la violencia contra los 900 000 indígenas que viven en Brasil.
La situación ha empeorado actualmente, con la primera medida tomada por Bolsonario al asumir la presidencia: transferir la función de demarcar las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, tratando de dar un aldabonazo mortal contra la mal atendida protectora Fundación Nacional del Indio (FUNAI), aunque después, atendiendo indicaciones de sus protectores, nombró presidente de la entidad al general retirado Franklimberg Ribeiro de Freitas, quien emprende la tarea de delimitar tierras en 16 territorios de la Amazonia, ”porque -dijo este ‘protector’- los indígenas dicen lo que quieren para poder ser compensados”,
Existen 116 peticiones de demarcación de territorios en curso, que albergan a más de 120 000 indígenas de diversas etnias en todo el país, y 54 están en manos de la justicia brasileña.
La misión de Freitas es evitar el entorpecimiento por las demandas aborígenes de alrededor de 7 000 proyectos de licenciamiento ambiental para la construcción de carreteras, puentes o usinas en tierras que serán arrebatadas a los indígenas. Con Bolsonaro en el poder, es difícil que no cumpla con su tarea.
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