Peor que el paramilitarismo
28 de julio de 2016
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Entre los cuantiosos males que desbordan el panorama colombiano y en el que los acuerdos de paz deben hacer hincapié para que sean efectivos, se encuentra el del latifundio en un 90% del territorio, que ahoga en la pobreza a 19 millones de personas, entre ellas a siete millones de campesinos que no tienen tierras.
Muchos de estos trabajadores han sido despojados de sus bienes, en una acción que ha perdurado durante décadas, mucho más que el medio siglo de guerra que debe llegar a su fin este año, pero que no necesariamente signifique el término del mal que nos ocupa.
Cuando decimos que ello constituye un hecho aún peor que el paramilitarismo no estamos exagerando, porque precisamente de los grandes dueños y usurpadores de tierras salió el dinero inicial, y que aún se mantiene, para crear esos grupos adscritos al ejército primero y devenidos en cuerpos mercenarios al servicio de los señores, o barones, como se les quiera llamar, de la tierra.
Honestamente, no creemos que el actual presidente, Juan Manuel Santos, pueda hacer mucho en la actual situación, pero si puede lograr paliativos que encaminen hacia una mejor distribución en las zonas más golpeadas por el latifundio y su hermana gemela, la pobreza, como es la Guajira, donde el campesinado e indígenas han mantenido una decidida protesta por sus derechos, a pesar del constante asedio y ataques de que han sido víctimas, con saldo de muertos, heridos y detenidos, sin que se conociese arresto alguno de elementos agresores.
Se especula con grandes proyectos para llevar la Internet y otros medios modernos computarizados a parte de la población colombiana, por supuesto, la que tenga mejores recursos, mientras no se actúa consecuentemente en las cuestiones referentes al agro.
Hay que reconocer que el gobierno de Juan Manuel Santos es atacado desde todas las direcciones, principalmente por los partidarios del anterior mandatario, el ultraderechista Álvaro Uribe, quien le acusa de ser débil.
Intenta que el gobierno no lleve a cabo sus promesas a la guerrilla de acabar con la represión ilegal y arbitrariainstrumentada por terratenientes, narcotraficantes, grupos de ultraderecha y militares.
Estos grupos tienen, en Colombia, una larga tradición de desapariciones, asesinatos, torturas, expropiaciones de tierras, etc. Han logrado incluso que se exilien dirigentes y activistas de grupos de derechos humanos a los que estos cuerpos de asesinos acusan de terrorismo y/o de izquierdismo, pretendiendo con ello no solo la deslegitimación de tales derechos sino, además, justificar el crimen y el terror en que tienen sumida a gran parte de la población colombiana.
Es conocido en todas las regiones y ha sido reiteradamente denunciado por la prensa, cómo ha sido el actual tránsito de muchos paramilitares desmovilizados a un estatus en el que los jefes están recluidos en cárceles, pero, al mismo tiempo, algunos mantienen estructuras de crimen organizado, intervienen con violencia y amenazas en negocios legales e impulsan y organizan sectores de la clase política.
Pudiéramos aquí citar las incumplidas promesas de Santos, pero solo tendremos que indicar la imperiosa necesidad de una reforma agraria y su consecuente aplicación por encima de los intereses de quienes manejan fraudulentamente la economía del país sudamericano.
Esto que escribimos no es algo nuevo y es recurrente en cada aspecto de cualquier comentario que trate sobre los males que se tendrán que extirpar de Colombia, incluso de la extendida injerencia militar norteamericana, si se aspira a que la paz se entronice en cada aspecto de la vida del sufrido país sudamericano.
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