Paz de mentiras
4 de enero de 2019
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Este 2019 empieza en Colombia con igual ritmo de asesinatos selectivos de activistas de la paz con el que finalizó el 2018, en el que estadísticas incompletas muestran que las muertes violentas se redujeron de 15 000 a unas 12 000, pero que estas tienen en su inmensa mayoría carácter político.
Sus autores son delincuentes, criminales, paramilitares al servicio de la oligarquía, los terratenientes y, por supuesto, el imperialismo norteamericano, y a muchos de ellos se le prepara en el arte de matar en las siete bases donde sus tropas se preparan para agredir en el momento en el que los halcones del Pentágono y del gabinete del presidente Trump determinen.
Hace algún tiempo lo decíamos y hoy lo subrayamos con pesar, queriendo equivocarnos: el tratado de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, firmado en La Habana, tras cuatro años de negociaciones, está casi moribundo por incumplimiento oficial, en tanto el actual régimen de Iván Duque –peor que el anterior– se quiere deshacer del convenio y pone obstáculos al diálogo con las importantes y muy politizadas guerrillas del Ejército de Liberación Nacional.
Estas no han cejado en llegar a un acuerdo pacífico, pero viendo lo que le ha estado pasando a las FARC, no están dispuestas a caer en trampa alguna, ni dejarse desarmar para ser asesinados o hacinados en lugares con malas condiciones de existencia.
De ahí que el ELN haya declarado que no todas las opciones pueden ser puestas ingenuamente como los huevos en una canasta en peligro de caerse.
Con la estrategia de miedo que llevan a cabo y el nuevo genocidio en marcha contra los líderes sociales y opositores al régimen, no debemos extrañarnos del fracaso de cualquier tipo de acuerdo de paz, aunque siempre es decente y honesto realizar este esfuerzo, en medio de un clima en el que las fuerzas oscuras dominantes de la oligarquía y el imperialismo harán todo lo posible para la preservación del poder en manos de quienes lo han ostentado históricamente.
Pero nada de esto último se debe dudar en una nación donde hace más de medio siglo la vida no vale nada, y este periodista lo pudo comprobar en el asesinato en el aeropuerto de Bogotá, por un adolescente de 14 años, del candidato presidencial Bernardo Jaramillo, después de haberlo entrevistado en La Habana.
Pero los asesinatos de dirigentes de algún alto nivel político son rutinarios allí, por lo cual traigo algunos pocos ejemplos a colación:
A partir del magnicidio, de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, una y otra vez, el método que ha usado la CIA y la “democrática” burguesía para frenar a los candidatos adversarios ha sido su liquidación física.
Gaitán fue asesinado por su compromiso con los más humildes, con la reforma agraria, e incluso porque se declaró a favor de la nacionalización de sectores decisivos de la economía, como los bancos.
El 11 de octubre de 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica (UP), quien como candidato presidencial en 1986 había obtenido una cifra récord de votos. El crecimiento de su popularidad y prestigio, lo convirtieron en “amenaza” para los intereses de la oligarquía.
El 18 de agosto de 1989 un delincuente con el alias de “Popeye” asesinó al candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, quien era el favorito según las encuestas.
El 22 de marzo de 1990 el ya mentado Bernardo Jaramillo fue asesinado, y la misma suerte corrieron once congresistas y unos 5 000 militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.
El 26 de abril de 1990, el ex movimiento guerrillero M19 competía por primera vez en elecciones por la presidencia; su proyecto había avanzado en popularidad y simpatía, y por ello su candidato Carlos Pizarro fue ametrallado dentro de un avión. En el 2010 se determinó que funcionarios del DAS, entre ellos su ex director, fueron partícipes del crimen.
Manuel Cepeda Vargas, después de ser secretario de la Juventud Comunista, había adquirido un lugar en el Comité Central del Partido Comunista y era el director de Voz Proletaria. Fue asesinado el 9 de agosto de 1994. Los autores materiales eran suboficiales retirados del Ejército de Colombia.
Estos son solo algunos de los casos más notables, subrayo, cuya continuación pudiera ser señalada en los asesinatos que se cometen a diario contra activistas sociales en las zonas que el ejército ocupa, tras la retirada guerrillera de las FARC.
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