Otro punto para la derecha
5 de febrero de 2018
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Si alguno tuviera dudas, el actual gobierno de Ecuador ha inclinado claramente su giro hacia la derecha que está tratando de controlar, con éxitos la parte sur del continente, como demostró la aprobación de la consulta denominada popular puesta a la consideración por el presidente Lenín Moreno.
Aunque con diferencias, pero no tantas, Moreno llegó al poder con un plan específico que pertenecía a un partido político, Alianza PAÍS y a un proyecto de la Revolución Ciudadana, pero todo eso ha desparecido, y la consulta de este domingo contó con el apoyo de un abanico que implicaron a la extrema izquierda y la extrema derecha.
Fue una amplia victoria de una consulta para hacer cambios en la Constitución, violando leyes constitucionales, porque no hubo consultas legales al respecto, así como prevaleció la ignorancia del ciudadano común sobre lo que implicaban las siete preguntas puestas en el candelero el pasado domingo, todas aprobadas ampliamente, con apenas de más de dos minutos de demora por cada votante, a pesar de lo complejo de los temas.
Un cerco mediático fue establecido contra el ex presidente Rafael Correa y su comitiva acompañante, objeto además de agresiones verbales y físicas
La consulta impulsada por Moreno preguntó a los ecuatorianos si están de acuerdo con enmendar la Constitución para sancionar a los condenados por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y pérdida de sus bienes; si están de acuerdo en que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, dejando así sin efecto la reelección indefinida; en reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y nombrar uno transitorio; en no permitir la prescripción de los delitos sexuales contra niños y adolescentes.
Los ecuatorianos, además, fueron consultados sobre si están de acuerdo en que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos; en que se derogue la Ley conocida como Ley de Plusvalía, y en incrementar la zona intangible al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1 030 hectáreas a 300.
Ya Correa había criticado la iniciativa de Moreno, al asegurar que representa los intereses de la derecha.
Con ese panorama como fondo, en las calles de Ecuador abunda la incertidumbre, a partir de la crisis en el seno de la agrupación de gobierno, resquicio aprovechado por la derecha para intentar sembrar desprestigio sobre la llamada Década Ganada, liderada por el ex presidente Correa, y generar dudas sobre la validez del proceso que dirige actualmente Moreno.
Por otra parte, también hay opiniones divididas entre analistas políticos y entendidos en materia electoral.
Recientemente, un reconocido grupo de políticos, intelectuales y dirigentes sociales de América Latina suscribieron un manifiesto en el que expresan su “preocupación respecto a los efectos nocivos que sobre el régimen político poseen” algunas de las preguntas incluidas en la consulta popular de Ecuador.
En un manifiesto difundido en medios de comunicación y redes sociales, estimaron que la cuestión sobre la constitucionalidad del referendo y consulta presenta nudos problemáticos, los cuales, a pesar de ser locales, revisten implicaciones que trascienden las fronteras nacionales.
“Consideramos que la omisión del filtro de control previo de constitucionalidad ha dado paso a la formulación de preguntas que podrían lesionar el modelo de Estado constitucional y democrático vigente”, afirma el texto, denominado Manifiesto en Defensa de la Democracia en Ecuador.
Pero cuestiones de este tipo no son tenidas realmente en cuenta, y así en Ecuador, se ha sumado otro punto para la derecha.
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