No sólo Gaza…
4 de mayo de 2024
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Con un telón de fondo en el que destacan las amenazas de muerte contra el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karim Herrera, así como la remoción de flamantes ministros sospechosos de haber incurrido en actos de corrupción, se inició en Ciudad de Guatemala un juicio contra los culpables del genocidio realizado hace más de 40 años contra la población de la etnia ixil y en el que tuvo implicación Estados Unidos y su principal instrumento de agresión en el Medio Oriente, Israel.
Medios occidentales como Cable News Network, Reuters y EFE han divulgado testimonios de ixiles sobrevivientes de un genocidio perpetrado durante la guerra civil de 36 años que costó la vida a decenas de miles de guatemaltecos, aunque no señalan la culpabilidad de una serie de gobiernos militares respaldados por Estados Unidos en la represión a los rebeldes izquierdistas en todo el país, en la que intervinieron destacadamente asesores israelíes.
La campaña de contrainsurgencia de Guatemala causó la muerte de más de 200 000 personas, el 83% de las cuales eran indígenas mayas, según una comisión de la verdad respaldada por Naciones Unidas en 1999.
Juan Brito López, que ahora tiene 70 años, relató al Juzgado de Alto Riesgo A en Ciudad de Guatemala como los soldados asesinaron a su familia durante la incursión de la madrugada del 20 de enero de 1982, quemando los cuerpos dentro de su casa de madera.
Décadas después, el derramamiento de sangre se revive en el juicio de alto nivel del ex jefe del ejército de Guatemala, Manuel Benedicto Lucas García, en un proceso en el que se espera que presten declaración más de 150 testigos, 30 sobrevivientes de violencia sexual y decenas de expertos forenses.
Según Brito López y otros testigos que vivían en la región occidental de Quiché, las tropas bajo el mando de Lucas García mataron a hombres, mujeres y niños, y expulsaron de sus hogares a los indígenas mayas ixiles que vivían allí.
El general retirado fue acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad, desapariciones forzadas y violencia sexual contra el pueblo maya ixil, según la organización que representa a las víctimas, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR).
La AJR lo acusa de ordenar más de 30 masacres y destruir 23 aldeas en la región maya ixil, causando la muerte de al menos 1 771 personas cuando dirigía el ejército entre 1981 y 1982, durante el mandato de su hermano, el presidente Fernando Romeo Lucas García.
TIERRA QUEMADA
“Bajo su mandato, fue cuando realmente se intensificó la campaña de tierra quemada contra las comunidades indígenas de Guatemala”, afirmó Jo-Marie Burt, investigadora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, experta en derechos humanos y justicia transicional en Guatemala. Durante este periodo, soldados y fuerzas paramilitares ejecutaron a autoridades mayas, decenas de miles de personas desaparecieron forzosamente y pueblos enteros fueron arrasados por el fuego.
El juicio es uno de los varios procesos importantes por crímenes de guerra que desde los años 90 han intentado abordar las atrocidades cometidas durante la guerra civil, que terminó en 1996.
Un reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) , respaldada por la ONU, concluyó que entre 1981 y 1983, periodo en el que Lucas García dirigía el ejército, el Estado guatemalteco cometió actos de genocidio contra cinco grupos mayas, entre ellos el pueblo ixil.
El ejército afirmó que estaba combatiendo una insurgencia izquierdista, pero el informe concluyó que el Estado “magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia” y “en la mayoría de los casos… exageró intencionadamente” la conexión entre las comunidades mayas y la guerrilla.
El racismo fue un componente de la violencia, según el reporte, que también concluye que “la innegable existencia de racismo expresado reiteradamente por el Estado como doctrina de superioridad” explica la “brutalidad con la que se llevaron a cabo las operaciones militares contra cientos de comunidades mayas”.
En el 2018, una corte guatemalteca dictaminó que el ejército cometió actos de genocidio, pero no se condenó a nadie, recuerda Reuters.
A su vez, apunta EFE, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas mayas de las masacres de la guerra se sienten cada vez más frustradas por la lentitud del camino hacia la justicia, especialmente cuando los presuntos autores y sus víctimas comienzan a morir de viejos.
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