Ni maravilla ni sombra
29 de septiembre de 2015
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Durante décadas México fue considerado el país maravilla de los derechos humanos, independientemente de posturas políticas que hay que reconocer hicieron mérito por su honestidad y neutralidad, resistentes a presiones de poderosos intereses.
Pero el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa hace apenas un año reveló la incoherencia oficial entre el discurso y el hecho e hizo recordar entre muchos a aquellos irresueltos casos de las muertes de decenas de mujeres en Juárez, los bebés quemados en Hermosillo y los cuerpos decapitados en Guadalajara durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Al actual gobierno de Enrique Peña Nieto también “le toca” su parte en ese marasmo cruel, cuando se ha admitido oficialmente que las desapariciones forzadas se duplicaron durante su breve mandato, y ya suman más de 25 000, sin contar los crímenes corrientes y más conocidos producto de la acción del narcotráfico, en el que están envueltos políticos, militares y policías, supuestamente encargados de combatirlo.
Como se recordará, los días 26 y 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos por agentes policiales junto al crimen organizado; en Iguala, estado Guerrero (sur de México), y desde entonces solo se han localizado los presuntos restos de dos, uno de ellos, Alexander Mora, en un basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los jóvenes. Sin embargo, los otros 41 normalistas no han sido identificados y continúan desaparecidos.
Ni en este ni en los otros muchos casos, el gobierno mexicano ha podido dar explicaciones, aunque ha reconocido su culpa por no tener leyes ni personas adecuadas para castigar estas acciones o tratar de impedirlas.
Aun no ha hecho objetivo lo mucho prometido, y solo ha intentado dividir la solidaridad al efecto entre los padres y otros familiares de los educandos de Ayotzinapa.
La encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eliana García, reconoció ante el Comité de la ONU sobre esas desapariciones, que las acciones impulsadas por el gobierno para afrontar este problema son insuficientes.
El principal argumento de “mea culpa” del gobierno mexicano fue el admitir la carencia de una base de datos nacional que permita buscar a las personas consideradas en esa situación.
Mientras se sigue buscando a los jóvenes desaparecidos, se han seguido encontrando fosas comunes con centenares de cadáveres, prueba evidente de que el México de hoy vive en un estado de suma peligrosidad.
Ello es más doloroso cuando conocemos que allí vive gente extraordinaria, inteligente, creativa y luchadora, víctimas, como todos, de una organización política incapaz de frenar los males que la corroen y haría interminable cualquier espacio, si llegaran a enumerarse.
En cuanto a los desparecidos, son padres y madres, hermanos, esposos e hijas, son proyectos de vida truncados que deben comprometer a cualquier autoridad con un mínimo de dignidad a buscarlos y, lo más importante y del que aun está carente el llamado país de los aztecas, a hacer justicia.
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