Ni dirección, ni destinatario
25 de marzo de 2017
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No hay a quien pedir por justicia en lo que acontece en México, hoy abrumado por la ofensiva combinada de un presidente norteamericano que rechaza y persigue a su inmigración, y esta abandonada a su suerte por otro localque trata ladinamente de buscar respaldo solidario que le ayudaría a cubrir sus propias faltas.
Sí, porque el problema de México no estriba en que se trate de levantar un muro racista para impedir la entrada de emigrantes a Estados Unidos, ni el ajuste de un tratado de libre comercio con vecinos más poderosos, que solo beneficia a quienes más tienen.
La cuestión es básicamente de solución interna y depende de la ruptura de lazos de autoridades, a cualquier nivel, con el narcotráfico internacional, que conspira, asesina y hace desparecer en territorio mexicano, en tanto beneficia a quienes explotan el negocio de la droga y de las armas, y en esto si se pudiera levantar un muro, con o sin ladrillos, si existiera una dirección honrada con voluntad resolutiva.
Todo se desarrolla en medio de la acostumbrada parafernalia de hallazgo de fosas comunes, cada vez más frecuentes, y asesinatos a diestro y siniestra, en los que destacan la de periodistas que tratan de investigar desmanes y son molestos a poderes locales con vínculos ilegales.
Así, Veracruz descuella en la “competencia” entre estados donde aparecen las fosas comunes con más osamentas, y se sucede la muerte violenta de periodistas, con tres en marzo, elevando el número conocido a 123 desde el 2000.
El más reciente fue el de la corresponsal del periódico La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach, de 54 años,quien fue acribillada a tiros mientras llevaba a uno de sus tres hijos a un centro docente
Al condenar el asesinato de Breach, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el estado de Chihuahua se ubica, junto con Guerrero y Tamaulipas, en tercer lugar en cuanto al número de homicidios de periodistas con 14 cada uno, superados solo por Veracruz, con 20, y Oaxaca, con 15.
El de Breach es el segundo asesinato de un periodista en México en menos de una semana, después de que Ricardo Monlui, de 57 años y director del diario El Político de Xalapa, muriera a tiros a la salida de un restaurante en el municipio de Yanga, en Veracruz.
La muerte de Monlui ocurrió con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional, quien sucedió en diciembre pasado a Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia y expulsado del Partido Revolucionario Institucional, de gobierno, RI en octubre de 2016 poco después de que se dieran a conocer las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pasado día 2 también fue asesinado a tiros Cecilio Pineda, de 38 años de edad, cuando esperaba su camioneta en un servicio de lavado de vehículos en Ciudad Altamirano, estado sureño de Guerrero.Pineda, colaborador de La Jornada, cubría la nota roja en la región y abordaba temas sobre el narcotráfico.
En los últimos meses Pineda había criticado al diputado local Saúl Beltrán, del gobernante PRI, por su presunta cercanía con Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero, jefe de un grupo acusado de numerosos secuestros en la región de San Miguel Totolapan.
Juan Vázquez, de la organización internacional promotora de la libertad de expresión Artículo 19, dijo a Efe que la agrupación tiene registrados 30 asesinatos de periodistas durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, iniciada en diciembre del 2012.
Consideró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión es “completamente ineficiente”, pues del 2010 al 2016 inició 906 investigaciones de las 2 020 que documentó la agrupación, apenas el 44,85 %.”De todo este universo de investigaciones solo se dictaron dos sentencias condenatorias; es decir, el porcentaje de impunidad en los crímenes contra periodistas es de 99,77 %”, precisó.
Y he abundado acerca de estas cuestiones que golpean a colegas mexicanos, porque la mala gobernanza es generadora de una impunidad, alno generar condiciones políticas y sociales para que los periodistas puedan hacer su trabajo, y tampoco están investigando ni llevando justicia, ni verdad, ni reparación del daño.
La prensa que trata de ser honesta está completamente abandonada, como muchas otras cuestiones en el país que marchan sin dirección, ni destinatario.
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