Nada más lejano de la verdad…
30 de marzo de 2021
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En la mayoría de los países existe una Constitución escrita que establece un sistema de gobierno, define los poderes y funciones de sus instituciones, provee límites sustantivos a su operación, y regula las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, es el compendio de normas que rigen a la sociedad de un país.
Estados Unidos se ha caracterizado por que sus gobernantes, de manera dogmática y poco convincente, quieren hacer creer que su constitución y sistema de leyes son los más democráticos y mejores del mundo. Que la democracia es perfecta y que la población tiene garantizado el respeto a sus derechos constitucionales.
Nada más lejano a la verdad, si se toma en cuenta lo que realmente sucede en esa nación.
Quiero poner un solo ejemplo: el porte de armas de fuego por los ciudadanos.
Se estima que hay aproximadamente 310 millones de armas de fuego disponibles entre los civiles estadounidenses, según un informe del Instituto Nacional de Justicia (NIJ). Equivale a que cada cien ciudadanos, tengan más de 120 armas.
El tema sale a relucir, solo cuando se produce un tiroteo masivo y el número de muertos es cuantioso. Por ejemplo, cuando el 1 de octubre de 2017 en un casino en las Vegas, un hombre armado acabó con la vida de 58 personas y causó heridas a unas 500, en lo que la policía consideró como el tiroteo masivo más mortal en la historia moderna de los Estados Unidos.
Un año antes, el 12 de junio del 2016, en un club nocturno de la ciudad de Orlando, otro hombre armado mató a 49 personas e hirió a otras 50.
Así pueden relacionarse decenas de hechos de sangre, lo mismo en una escuela que en un cine, un centro de recreación que un evento deportivo. Nadie está seguro, esté donde esté, cuando se sabe que por cada calle, acera, autopista, de ese país, circulan hombres armados a los que la Segunda Enmienda de la Constitución les otorga el derecho a portar armas.
Esa Enmienda «protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas de fuego y establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas».
La caótica situación en la que se evidencia cuán inseguro está cada ciudadano de ese país, volvió a la escena mediática esta misma semana, cuando un hombre de 21 años mató a diez personas en un supermercado de la ciudad de Boulder, Colorado, con un rifle de asalto AR-15, de las más modernas armas que usan los soldados estadounidenses que invaden países.
Ante este lamentable hecho letal, el actual presidente, Joe Biden, reactivó el debate sobre el control de armas, uno de los más intensos y estériles de la política estadounidense, al solicitar la prohibición del armamento de asalto.
Urgió al Senado a aprobar «inmediatamente» dos proyectos de ley que ya han recibido el visto bueno de la Cámara Baja y que «cerrarían los vacíos legales en el sistema de verificación de antecedentes» de los compradores de armas, señala un reporte de EFE.
El propio medio de prensa asegura que «es improbable que alguna de esas medidas reúna los 60 votos necesarios para salir adelante en el Senado, donde la estrechísima minoría demócrata debería convencer a diez republicanos de sumarse a ellos».
Otro reflejo de cómo funciona la «ley» en Estados Unidos, se evidenció cuando la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que, aunque Biden podría usar también su poder ejecutivo para impulsar un mayor control de armas, su capacidad para hacer cambios unilaterales al respecto es limitada.
Por tanto, así seguirán las cosas en ese país, donde cada día se lamenta la pérdida de algún ser humano debido a la acción incontrolada de quienes, por derecho constitucional, pueden comprar y portar armas, en cualquier rincón del territorio…y usarla al libre albedrío, donde quiera y contra quien estime.
Sigue resultando, más que difícil, imposible, resolver el problema en ese sistema que ya hace metástasis.
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