Mucho queda por hacer en Colombia
24 de diciembre de 2024
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Hostilidad parlamentaria, del Consejo Nacional Electoral y en menor medida del Poder Judicial amenazan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha alertado nuevamente del peligro golpista, principalmente legislativo, contra su gobierno.
Tal aseveración toma fuerza ante la imposibilidad de las reformas por la vía parlamentaria, por lo cual el mandatario podría reforzar su mandato mediante decretos reglamentarios, para una política pública progresista con contenidos sociales y populares, no exenta de los debates acerca de la “politización” del destino específico de los recursos.
Debe reconocerse que esa parece ser la opción dentro del margen de “lo posible”, ante la férrea oposición de los partidos y los poderes del establishment.
A lo anterior se agregan los avances y resultados que pueda arrojar el propósito de superar la violencia y la persistencia del conflicto social armado, en el marco de la política de “paz total” que adelanta el gobierno.
La construcción de la paz continúa siendo una tarea pendiente de la sociedad colombiana, frente a la cual también se advierten notorias diferencias en el campo político. Unas provenientes de los sectores de derecha, que trabajan por el fracaso de tal política, a fin de reinstalar su visión sobre la seguridad e imponer nuevamente, en perspectiva, la “solución militar”, sustentando ese propósito en el “desgobierno” y el constreñimiento que se le habría impuesto por el Ejecutivo a las fuerzas militares en el combate al “crimen organizado”.
En este aspecto, es clara la pretensión de sembrar un estado de miedo e inseguridad en la población para lograr apoyos a una política de “mano dura”.
Otras, provenientes de los diseños progresistas de la política de paz, que parecen sustentarse en el objetivo de la “territorialización de la paz” y la idea de la “asfixia democrática” para lograr el desarme y la desmovilización de las organizaciones rebeldes, así como el sometimiento a la justicia de las estructuras denominadas de criminalidad de alto impacto.
Y unas terceras, correspondientes a las visiones de las organizaciones rebeldes sobre las condiciones de superación del conflicto armado, que pasan por las diferencias propias de su naturaleza, estructura, aspiraciones programáticas y entendimientos sobre el carácter y las posibilidades del gobierno progresista.
A ello se adiciona la aspiración del reconocimiento del carácter político de algunas organizaciones criminales que aducen el desempeño de funciones de contrainsurgencia.
Como se aprecia, se trata de un entramado de extrema complejidad, difícil de alinear en torno al propósito mayor de sentar las bases para la construcción de la paz en el momento actual.
El gobierno progresista ha acertado al apelar al recurso del diálogo y la negociación; lo mismo debe decirse de las tres organizaciones con las que están en curso procesos de paz.
Lo propio de cualquier proceso de negociación es el logro de acuerdos entre las partes. Si ellos se conciben y alcanzan en términos de agregación y cualificación de procesos de democratización política, económica, social y cultural, incluida –y con énfasis fuerte– la dimensión territorial, habrá rendimientos comunes y compartidos para el conjunto de la sociedad colombiana que incidirán sobre el curso del proceso político, tal y como ocurrió en su momento con el gran medida incumplido Acuerdo de paz del 2016.
UNA TAREA COMPLEJA
En lo que resta del mandato, junto con los eventuales avances en el proceso de paz, al gobierno progresista de Gustavo Petro le queda la compleja tarea de mostrar logros frente a sus promesas y habilitar condiciones políticas para contrarrestar los propósitos de las fuerzas de derecha de recuperar el poder.
Ello supone garantizar crecimiento y estabilidad macroeconómica, avanzar en la superación de los problemas de seguridad y de persistencia del conflicto social armado y, sobre todo, mostrar mejoras significativas en las condiciones de vida y de trabajo de la población, así como en la lucha contra el hambre y la pobreza extrema. Propósitos inmediatos que en su mayoría continúan hasta ahora pendientes y son difíciles de resolver de manera sincrónica, y más con un Parlamento que hunde casi todas sus iniciativas de reformas.
¿ASAMBLEA NACIONAL CONSTUYENTE?
Para estimular la producción de poder social “desde abajo”, en perspectiva de avanzar en la superación de los condicionantes estructurales y de contribuir a generar un cambio real en la correlación social y política de fuerzas, supondría la apelación a la movilización social y popular, a la escenificación de la política en la calle y en los territorios.
La perspectiva constituyente, que no se encontraba dentro de la agenda política progresista, fue puesta sobre la mesa por Petro en su discurso del 15 de marzo del 2024 en Cali, en Puerto Resistencia, símbolo de la rebelión social del 2021. Allí, al realizar un balance de la estrategia política de su gobierno, afirmó:
“Construí primero un gobierno plural, lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían triunfado se podían sumar. Pero no nos querían, estaban ahí para aprovechar el puesto. Se armó la coalición para frenar el gobierno del cambio, se les propuso un acuerdo nacional no solo para el gobierno, sino para la sociedad colombiana, para que los que se han matado entre sí se hablaran. Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse.” Y agregó:
“Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decreto, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y los pueblos libres. Y, por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta ustedes, digan”.
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