Miseria y abandono en el rico Perú
9 de noviembre de 2018
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Desde que hace poco más de siete meses asumió la presidencia de Perú, en sustitución del corrupto millonario Pedro Pablo Kuczinski (PPK), Martín Vizcarra trató de hacerse con una imagen popular, habló de disminuir los índices de pobreza y desempleo y, sobretodo, combatir a los políticos que aceptan sobornos, pero no mencionó para nada a las transnacionales extranjeras y la oligarquía que explotan las riquezas del país.
La pobreza apenas ha disminuido a un índice todavía astronómico del 54%, el trabajo informal abarca el 80% de la población, las ciudades se llenan de villas miseria y el problema es aún mayor en las zonas mineras, donde incluso elementos explotadores privados se aprovechan de los recursos estatales para aumentar sus inversiones.
O sea, en Perú el crecimiento económico crece constantemente, pero a la par de ello se encuentra la miseria y el abandono, como consecuencias de la explotación.
En vez de ofrecer información sobre estos importantes problemas, los medios hablan de los presuntos esfuerzos oficiales por llevar los corruptos a las cárceles, en el curso de los cuales emergen diferencias interpartidistas, que han llevado a encerrar a la jefa del mayor partido opositor Fuerza Política, Keiko Fujimori, por obstruir proyectos de Vizcarra acerca de enmendar la justicia, castigar a jueces venales, impedir la reelección legislativa y reducir sus mandatos.
Todo esto hace que las expectativas se dirijan hacia situaciones menores o circunstanciales, pero lo cierto es que se elude el principal problema, no se va al meollo de la situación, porque es impedido por autoridades locales que gozan a veces de la complicidad de dirigentes del gobierno central, como ocurrió durante los mandatos de Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y el propio PPK.
Hay muchas cosas más importantes para combatir, como la explotación humana, con ejemplos terribles por esclavizantes en el trabajo infantil y adolescente, la trata de mujeres, la venta de órganos, etcétera, principalmente, subrayo, en las zonas donde más recursos se invierte, cuyas ganancias van a para a manos de los usurpadores de siempre, esos que defienden la libre empresa, el neoliberalismo y la sumisión al imperialismo norteamericano.
Donde la minería es sinónimo de pobreza
Así conocemos que los departamentos con más inversión minera como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, son los más pobres y con mayor desnutrición infantil, lo cual desmiente el mito de que mayor inversión minera es igual a desarrollo.
El economista Juan Diego Calisto, de la asociación CooperAcción, señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado beneficiosa para impulsar el desarrollo en esos departamentos, así como en Junín y Ancash.
“Algunos ven la promoción de la minería responsable como un «atajo» para obtener recursos a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en educación e infraestructura, y por lo tanto ‘romper el círculo vicioso» de la pobreza”, dice Calisto.
Pero nada de ello es cierto, cuando se conoce que las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil son Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).
Empero, la inversión minera sigue creciendo, a pesar de que algunos anunciaban su disminución, por los conflictos sociales, como el de Conga. Y aunque la minería aporta la cuarta parte del Producto Industrial Bruto y la inversión extranjera, y el 60% de las exportaciones, menos del uno por ciento de la población vive de ella.
Aunque no tenemos datos de este año, se sabe que no ha cambiado mucho la situación desde el 2016, cuando Huancavelica tenía casi el 50% de su territorio concesionado a la minería y era uno de los departamentos con la tasa de pobreza más alta, con el 77.2%, y donde la cobertura al seguro de salud no alcanzaba ni a la mitad de la población (47.6%).
Le sigue Cajamarca con el 44.37% de su territorio concesionado y donde aún el 17,1% de su población es analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas está conectado a una red pública de agua dentro de la vivienda.
El 36.1% de Ancash está concesionado, tiene una tasa de analfabetismo del 17,9%. En Apurímac, que tiene el 54.44% de su territorio concesionado, el 70.3% de la población es pobre.
Ayacucho tiene el 16,8% de su población sin ningún nivel educativo y la tasa de analfabetismo es de 17,9%, y el porcentaje del territorio concesionado alcanza el 26.2%
Aunque se achaca esta ineficiencia a las autoridades locales, en todo ello tiene que ver el trabajo de regiones y, por supuesto, el gobierno central, ya que las inversiones para subsanar los problemas de la población no llegan a ejecutarse ni a la mitad, contando que esa parte sea ben empleada, sin desviaciones, sin corrupción.
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