“Limpiando la casa”, con apoyo popular
4 de junio de 2021
|
La destitución por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de un fiscal general y varios magistrados del Tribunal Supremo que respondían al ultraderechista opositor partido ARENA causó protestas oficiales en Estados Unidos, que lo hizo extensivo a parte de la comunidad internacional, mediante declaraciones de sus personeros y de las denominadas organizaciones gubernamentales
La decisión de Bukele fue avalada legalmente por la Asamblea Legislativa, tras lo cual el mandatario advirtió a EE.UU. que no era de su incumbencia, y pasó por alto que el gobierno de Joe Biden utilizara a la vicepresidenta Kamala Harris para anunciar la suspensión de la ayuda financiera a instituciones oficiales, pero no a las que le son afines.
Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.
La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, ‘habeas corpus’ y controversias entre los poderes del Estado.
Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición de ultraderecha. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.
“Los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales”, consideró el partido gobernante Nuevas Ideas.
Nuevas Ideas (NI) tiene 56 diputados, mientras que sus aliados, los conservadores de la Gran Alianza Nacional (Gana), cuentan con 5, sumando 61 escaños de un total de 84.
Completan el Parlamento los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con 14 escaños; la izquierdista FMLN, con 4; el Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha), con 2; y con un parlamentario la Democracia Cristiana, Nuestro Tiempo y Vamos.
LEVANTANDO RONCHAS
Tras la destitución del fiscal y los magistrados, la subsecretaria interina de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chong, advirtió que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.
“Así no se hace”, opinó por su parte el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.
“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial”, dijo a su turno el relator especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados.
Para la dirección de la entidad Human Light Watch, Bukele “rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.
Lo cierto es que, guste o no, las encuestas de variados matices sitúan la popularidad de Bukele entre el 91% y el 95%, luego de dos años de gobierno.
Pero, independientemente de cuántos salvadoreños aprueben o desaprueben la gestión del Presidente, lo cierto es que ha tenido logros en el manejo de la pandemia, la distribución de canastas solidarias, la ayuda de los 300 dólares a los más pobres, la notoria disminución de la delincuencia y la violencia en general, aunque falta mucho para lograr reducir el desempleo causado por la pandemia, mejorar los salarios aún bajos y evitar el alza en los combustibles.
Para mucha gente es significativo el avance en la erradicación de la corrupción, las mejoras en la economía y el considerar a Bukele, como dice Norma Ángel, de 44 años, “una persona joven, fresca, que sabe lo que hace, tiene iniciativa inteligente; para mí es excelente”.
Empero, el Ejecutivo tendrá que cuidarse de las zancadillas que provienen del exterior, luego que el nuevo legislativo aprobara el acuerdo que logró en el 2019 con la República Popular China, mediante el cual Beijíng concede a El Salvador 500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones, y envía medio millón de vacunas chinas contra la COVID-19.
Comentarios
