La tragedia de un comediante
4 de septiembre de 2017
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Jimmy Morales, un comediante televisivo quien se apoya en todo lo que le concierne al poder militar, llegó a la presidencia de Guatemala ostentando el slogan de ser el adalid de la corrupción, dijo que por naturaleza los políticos son corruptos y deben ser reemplazados, por lo cual llamó a Naciones Unidas para que lo ayudara en ese empeño. Pero el colombiano Iván Velázquez, el enviado especial del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, resultó insobornable como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y puso en tal aprieto al mandatario guatemalteco, que este ordenó su expulsión inmediata del país y se quejó de que la organización mundial estaba conspirando para su defenestración.
Lo cierto es que hasta ahora Velázquez ha demostrado ser un individuo inusual para entidades de ese tipo, con una trayectoria indeleble, que le permitió conocer que el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Siribaldi, a través de terceras empresas, había financiado la segunda vuelta electoral de Morales. El entonces candidato utilizó constantemente el helicóptero con matrícula TG-ANM, vinculado con sociedades en el extranjero relacionadas con el otrora titular, hoy prófugo, quien sobornó o logró comisiones ilegales exigidas a empresarios de la construcción.
El trabajo de la Cicig es visto como importante por Marco Antonio Canteo, consultor del proceso de la reforma judicial, quien califica de objetiva la labor del ente internacional. “Sería un error esconder posibles actos de corrupción que involucren a una administración”, afirmó.
La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que hay varias investigaciones contra diversos partidos políticos, uno de estos es FCN-Nación, que fue dirigido por Morales, lo cual le ha valido a Velázquez pedir el cese de inmunidad al Presidente, que, en représala, ha ordenado que el relator saliera del país, lo cual no ha sido cumplido por el momento.
La activista Helen Mack señaló que, obviamente, el caso de su familia (hijo y hermano en prisión) afectó desde muy temprano la relación del presidente Morales con el comisionado, “pero al mismo tiempo se intervino al Movimiento Cívico Nacional, donde era evidente que esta organización recibía apoyo para financiar toda una campaña en favor de Jimmy Morales”.
Tanto la ONU como otros organismos regionales han avalado la trayectoria del colombiano, quien ha enfrentado todo tipo de riesgo, incluso amenazas de muerte, en el cumplimiento de su trabajo.
Un abogado que no teme
El abogado colombiano ha presidido la Comisión desde que fue creada para contribuir con Guatemala en la investigación y desarticulación de estructuras clandestinas de seguridad.
Desde abril del 2015 se han desmantelado una docena de grupos criminales, entre ellos el denominado “La Línea”, dedicado a la defraudación aduanera, que mantiene en prisión preventiva y procesado al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros.
Velázquez, nacido en 1955 en Medellín, es un hombre con una misión: limpiar la podredumbre que rodea a funcionarios y empresarios, atacar la corrupción y la impunidad endémicas, y combatir el crimen organizado.
Desde que asumió el mandato de la Cicig en el 2013, un ente adscrito a la ONU desde su creación en el 2007, su mensaje en favor de la justicia y en contra de la impunidad no titubeó.
Durante el 2015, junto con el Ministerio Público (MP-Fiscalía), mantuvo en vilo al país y terminó precipitando la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, después de que el Congreso les retirara la inmunidad y emitiera una orden de captura.
Desde entonces, Velásquez, junto a su “fiel seguidora”, la fiscal general, Thelma Aldana, han desarticulado decenas de casos, uno de los cuales involucra a José Manuel y Sammy, hijo y hermano, respectivamente, del presidente, y otro al propio mandatario, el punto de inflexión para tratar de echarlo del país.
Toda esta lucha no es ajena para el ex juez colombiano, ni tampoco su implicación en procesos de investigación extensos, complejos y peligrosos.
En Colombia se dio a conocer como el “magistrado estrella” del escándalo de la parapolítica., En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999), donde, en conjunto con un equipo de investigadores, inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas.
Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. A partir del 2006 hasta agosto del 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas.
También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados “narcopolíticos”.
Fue ahí donde, como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, lideró las investigaciones que acabaron en la condena de decenas de políticos por su relación con grupos paramilitares, entre ellos un familiar del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).
Amenazado constantemente de muerte, ha mantenido una actitud impoluta y exenta de los ataques que la prensa al servicio de la desinformación genera contra aquellos que quieren y realizan actos de justicia, como el que pretende realizar contra el presidente comediante envuelto hoy en una tragedia.
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