La «ley de la selva»
29 de julio de 2020
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Mientras la televisión colombiana anunciaba este 28 de julio el inicio del juicio a militares de ese país involucrados en abusos contra una menor de la comunidad indígena Emberá; con menos repercusión mediática aparecía la denuncia venezolana por la vandalización y saqueo de la sede de su consulado en Bogotá.
Por estos días, como hecho cotidiano, también los medios de prensa, locales e internacionales, han divulgado el caso de la muerte de alguna persona, ya sea líder social de una comarca o ex combatiente de la guerrilla de las FAR que se acogieron a los Acuerdos de Paz de noviembre de 2016, que el gobierno de Iván Duque ha pisoteado.
Colombia, a partir del ascenso al poder de Duque, ha practicado una política que conjuga dependencia total de lo que diga la administración estadounidense de Donald Trump, el total irrespeto a los citados Acuerdos de Paz con la FARC y la ruptura de las negociaciones al respecto con la guerrilla del ELN y un lamentable y vergonzoso papel de punta de lanza contra la vecina República Bolivariana de Venezuela.
Es como si esa nación andina se rigiera por la «ley de la selva» y las propias fuerzas militares y el gobierno colombianos son los disciplinados ejecutores.
Colombia tiene en su territorio tres ramales de la Cordillera de los Andes, además de una extraordinaria biodiversidad y gran variedad climática que la hace un país turísticamente apetecido por sus grandes bellezas pero, desgraciadamente convertido en sinónimo de violencia, cultivo y exportación de drogas, masacres e irrespeto total a los derechos ciudadanos.
El último hecho que explica la aplicación en ese país de una verdadera «ley de la selva», se escenificó esta misma semana, cuando «las autoridades colombianas dejaron sin protección el consulado venezolano en Bogotá, violando las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares», como ha denunciado el canciller bolivariano Jorge Arreaza, quien exigió que «el Estado colombiano debe responder» por esta situación.
«El Gobierno colombiano incurre en flagrante violación de los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al permitir, por acción u omisión, la ocupación ilegal de nuestra sede consular en Bogotá», reza un comunicado de la República Bolivariana, que conforme a lo establecido en el artículo 24 de la citada Convención ha hecho responsables a las autoridades colombianas por la pérdida o violación de los bienes, archivos y documentos.
El canciller venezolano, en su cuenta de Twitter ha denunciado ante la comunidad internacional que la sede del consulado venezolano «ha sido vandalizada y saqueada por completo».
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