La COVID-19 y la otra realidad
23 de abril de 2020
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Un drama que subyace hacia el interior de la mayor potencia económica del mundo, ha salido a flote con la pandemia del coronavirus.
Hoy, cuando las cifras de infestados y fallecidos en Estados Unidos a causa de la COVID-19, superan las de cualquier otro país, las poblaciones más vulnerables, principalmente la de latinos y afro –americanos, encabezan la lista.
Se sabe que dentro de la comunidad latina, hay un grupo todavía más vulnerable: los indocumentados, unos 11 millones de personas que no tienen cobertura médica, trabajan en empleos inestables –y habitualmente sin beneficios ni derecho a subsidio de desempleo– y han quedado fuera de los cheques de ayuda enviados por el Departamento del Tesoro, pese a que muchos de ellos pagan impuestos, señala un despacho de prensa de la BBC Mundo.
Entre esta población se teme, no solo al virus mortal, sino a que los agentes policiales asuman contra ellos medidas de deportación u otras debido a su estatus migratorio.
En este torbellino, una incertidumbre latente es la falta de dinero para pagar cualquier factura médica, ya que por no poseer seguro que le cubra los gastos, también pueden ser demandados y llevados a prisión.
De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, solo el 16% de los latinos que viven en ese país pudieran tener un trabajo compatible como para hacerlo desde sus casas.
Señala la citada agencia que una mayoría de los que tienen la suerte de tener empleo deben salir para desempeñarlo, exponiéndose al contagio. Se trata de una cantidad de inmigrantes que trabajan en sectores como la agricultura, la limpieza, el transporte, fábricas, cuidado de niños y ancianos, entre otros, que necesariamente hay que hacerlos en el lugar donde son contratados.
Hay relatos conmovedores como el que se refiere a Basilio Pinzón, un mexicano inmigrante que murió de la COVID-19 en su casa en Brooklyn (Nueva York) por temor a ir al hospital.
Con las primeras molestias, Pinzón visitó al médico, le diagnosticó la enfermedad, pero decidió tratarse en casa porque estaba convencido de que en un centro de salud no le iban a curar debido a su estatus migratorio.
Los inmigrantes, especialmente los que están en camino de regularizar su situación, son reticentes a solicitar ayuda por miedo a la figura de la «carga pública».
Se trata de una regla que entró en vigor a finales de febrero y que contempla la posibilidad de negar la residencia permanente o una extensión de visado a aquellos extranjeros que las autoridades migratorias consideren que no son capaces de mantenerse por sí mismos y, por tanto, pueden convertirse en una carga económica para el estado.
Y resume el propio despacho de prensa: Muchos de estos inmigrantes indocumentados temen a que les pidan la documentación si acuden a un hospital o, peor, que los dejen morir intencionadamente.
Es sin dudas, la otra realidad, intrínseca a quienes por millones, viven en Estados Unidos, y la COVID-19 los hace más vulnerables, teniendo en cuenta todas las razones expuestas aquí y otras muchas por lo cual son hoy mayoría entre los que pasan hambre, viven bajo puentes o carpas, no encuentran empleo seguro y son discriminados en todos los aspectos de la vida.
Nada que ver con el modelo de “sueño americano” por el que arriesgaron sus vidas al emigrar, principalmente desde países centroamericanos.
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