Justicia mancillada…

27 de mayo de 2013

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Elson Concepción Pérez

Dos hechos,  la Operación Cóndor, organizada por la CIA norteamericana en los países sudamericanos durante los años de dictaduras militares,  y los  gobiernos de igual corte que mataron o hicieron desaparecer a  decenas de miles de personas en algunos países de Centroamérica,  serían suficientes  como para convencernos de que una verdadera JUSTICIA, en mayúscula y con todo rigor, debió predominar a la hora de juzgar a los culpables.
Pero, desgraciadamente, eso no ha sido así en ninguno de los casos, donde los más connotados asesinos han dejado de existir por “muerte natural”   o todavía tienen fuertes vínculos con  grupos económicos dominantes que impiden cualquier juicio en su contra.
Así de sencillo es, y si se quiere acudir a alguna comprobación, solo bastaría con la decisión  que acaba de adoptar la Corte Constitucional de Guatemala, al anular la sentencia a 80 años de prisión que el tribunal había impuesto al ex dictador  Efraín Ríos Mont , por cargos de genocidio y crímenes de guerra durante su mandato a principios de los años 80.
Los  guatemaltecos, fundamentalmente los indígenas ixiles tuvieron que esperar más de 30 años para poder dar testimonio del capítulo más doloroso de su historia ante un tribunal de justicia de ese país.
Y ahora, todo habrá que repetirlo, porque, según Francisco García Gudiel, abogado del expresidente de facto Efraín Ríos Mont, “en Guatemala jamás hubo genocidio”.
Parece una pesadilla, pero así se ha concretado la llamada ¿justicia? a la hora de evaluar y sancionar al máximo responsable de la muerte de cientos de personas, fundamentalmente entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y de la desaparición de otros tantos y la huída del país de familias enteras cuyas vidas peligraban.
En el juicio, que se celebró durante diez días, comparecieron personas cuyos testimonios conmovieron al auditorio. De acuerdo con el periodista salvadoreño Carlos Dada, quien cubrió el juicio para el periódico digital El Faro, allí escuchó relatos sobre “niñas apuñaladas en el cuello, bebés asesinados por soldados que estrellaron sus cabezas o atravesaron sus cuerpos con bayonetas, familias enteras amarradas en viviendas a las que soldados prendieron fuego”.
También se escucharon a quienes narraban sus vivencias sobre “hombres asesinados y luego cortados en pedazos; niños muertos a machetazos en el rostro; mujeres y niñas violadas; indígenas obligados a asesinar a otros (indígenas)”, en el que tampoco faltaron aldeas enteras desaparecidas; bloqueo de alimentos y otros muchos ejemplos.
Se trata de los ixiles, uno de los 22 pueblos mayas que en su conjunto conforman aproximadamente la mitad de la población de Guatemala.  Un total de 1 771 de ellos fueron  asesinados en ese tenebroso período.
En total la cifra de guatemaltecos muertos supera los 200 000 y la de desaparecidos los 45 000.
También en Argentina la “justicia” contra los genocidas tuvo que esperar muchos años, hasta que el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández, la hicieran cumplir, en medio de las más diversas dificultades al estilo Guatemala, donde intereses económicos vinculados a los responsables, no permitían el enjuiciamiento o este no cubría las expectativas.
De esa forma, el expresidente Jorge Rafael Videla, encontró su muerte por causas naturales hace solo una semana, a los 87 años de edad, más de tres décadas después de haber llevado a esa nación sudamericana a las más horrorosas escenas de barbarie de la época moderna.
El ex gobernante de facto llegó al poder en 1976 a través de un golpe de Estado y se quedó en la Casa Rosada hasta 1981, falleció sin mostrar remordimiento alguno por lo que hizo e, incluso, aseveró en varias ocasiones que “no estaba arrepentido de nada y de poder, volvería a hacer lo mismo”.
Había sido condenado en el 2010 a cadena perpetua, solo por la desaparición de 31 detenidos y a otros 50 años en 2012 por el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos.
Cuando en 1985 un tribunal lo condenó a prisión perpetua, parecía que, aunque tarde, se “hacía justicia”. Sin embargo, cinco años después, en 1990, el entonces presidente argentino, Carlos Menem, le otorgó el indulto.
Otra bofetada a la justicia, esta vez de la manera más vergonzosa.
En Chile, uno de los más sangrientos dictadores militares de los últimos siglos, Augusto Pinochet, también encontró la “muerte natural”, sin haber cumplido o sin que se le hiciera cumplir el más elemental reclamo de justicia.
Pinochet, asesorado y dirigido por Estados Unidos, fue el ejecutor del brutal golpe militar que acabó con la vida del presidente constitucional Salvador Allende, y con la etapa democrática que vivía ese país.
Luego del golpe de 1973, instauró un cruento régimen que asesinó a decenas de miles de chilenos, desaparecieron otros miles y un millón tuvo que huir del país.
En su ejecutoria, que llegó hasta 1990 en el Palacio de la Moneda, también se recuerda la implantación de un modelo neoliberal, acorde con las recetas de la llamada “escuela de Chicago”, que trajo por consecuencia el que más de cinco millones de chilenos fueran llevados a la completa pobreza.
Al conocerse su muerte, el 10 de diciembre del 2006, un periodista chileno escribió: “La justicia de los hombres pareció no poder hacerse cargo de la decisión de castigar a quien durante su vida se dedicó a ser el verdugo de miles de ciudadanos chilenos. Sin embargo, la justicia divina lo hizo, precisamente en la jornada donde se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos”.