Jimmy Inmorales

22 de enero de 2018

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

 

Jimmy Morales llegó a la presidencia de Guatemala con la aprobación de la cuarta parte del electorado, porque no estaba supuestamente ligado a la extensa familia política nacional enlodada con el crimen y la corrupción endémica.

Empero, en poco menos de dos años después se han mostrado graves fisuras que demeritan su apellido Morales en un comportamiento signado por el racismo, la enemistad a las mujeres e intensos vínculos fraternales y de amistad con lo más corrupto que ha tenido la extensa e intensa oscura política del país.

Nada ha importado que una comisión internacional haya demostrado la continua violación de los derechos humanos en Guatemala, porque Jimmy expulsó a los dignatarios más molestos y anuló las encomiendas y recomendaciones al respecto.

Para ello cuenta con el amplio respaldo militar, los puntos que le otorgan el seguir ciegamente los dictados de quienes manejan los vínculos económicos del país, con la consiguiente prosecución del neoliberalismo, y el respaldo de las empresas de la oligarquía e internacionales que explotan las riquezas de la nación centroamericana.

Nada es nuevo, porque ya la activista Alba Cecilia Mérida, centrada en la lucha por los presos políticos de su país, había acusado a Jimmy de ser “un comediante racista” con los pueblos indígenas, que está “ligado a la gente de Otto Pérez Molina (ex presidente acusado de corrupción)” y cuyo partido está “alimentado por militares”.

Realmente, Morales y su Frente de Convergencia Nacional contaron con el voto de parte del pueblo que creyeron en las promesas de una figura que se les antojaba simpática y noble, limpia de lazos con anteriores gobernantes criminales y corruptos, pero nada de cierto tenía esto último, aunque el equipo que manejaba a Morales lo mantuvieron en una posición ajena a la corrupción encontrada en el equipo del anterior gobierno de Otto Pérez Molina, que amparaba, entre otros hechos malolientes, un sistema de evasión en las aduanas que no fue atacado como se debía, hasta tal punto que solo aparecen figuras del escenario político, pero ni un nombre de los más destacados empresarios que se beneficiaron de la red de fraude tributario bautizada como La Línea

Pero para entender esto hay que remitirse a un documento publicado en el Día Internacional del Trabajo, el Primero de Mayo del 2015, que explica la situación que atraviesa Guatemala luego de que se descubrió que se está investigando a los involucrados en La Línea.

Y es que desde que el gobierno pasó a manos civiles en 1985, los cambios principales en Guatemala fueron que la gran mayoría de los movimientos indígenas y campesinos fueron convertidos en organizaciones no gubernamentales (ONG), los sindicatos se plegaron a la política gubernamental, los ex guerrilleros se organizaron en partidos políticos de izquierdas sin mayor fuerza, y la ciudadanía se convirtió en una masa de consumidores compulsivos, indiferentes con lo que ocurre con el gobierno.

Es triste decirlo, pero es la realidad que viven también otras naciones. En el caso guatemalteco, tras comprobarse fehacientemente lo del robo sistemático en las aduanas del país ―algo que se sospechaba y rumoraba desde hacía décadas―, hubo movimientos espontáneos que se organizaron a través de las redes sociales ―tal y como ocurrió en Egipto y en Grecia unos años atrás―, y que dirigían su indignación hacia la clase política del país.

Ahora bien, el problema es que este movimiento social está solamente aglutinado por emociones y molestias compartidas, e inició su articulación alrededor de demandas comunes, pero circunstanciales, sin mayor proyección sociopolítica, ni prevención de posibles escenarios hipotéticos.

Esto hizo que ni el presidente ni los diputados hicieran algo al respecto, y fue solo que hubo intervención e investigación, cuando fueron perjudicadas económicamente varias empresas extranjeras.

Así que el camino de Jimmy Morales a la presidencia estaba cimentado en un camino empedrado con la actuación de diputados ineficientes, irresponsables y contrarios a los intereses de la población; por lo cual ni este mandatario, ni los que le puedan sustituir deben temer alguna que otra ley relacionada con el tema de la transparencia.

A menos que un verdadero movimiento popular, consecuente y sabiamente dirigido, decida lo contrario y acabe de una vez y por todas con gobernantes que, como el inmoral de Jimmy, se consideren inamovibles.