Injusticia que se ahonda
22 de abril de 2016
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Ahogada por la vorágine de eventos que los medios masivos occidentales prefieren publicitar, la continuada represión a los campesinos que protestan contra los abusos de latifundistas y transnacionales no recibe la mínima información en su propio país, no importa que no haya una dictadura y sí una “democracia burguesa representativa”.
Resultados desfavorables al oficialismo en recientes comicios hicieron pensar que la política servil de entrega al Imperio cambiaría, aunque sea un ápice, pero no es así.
Atrás quedaron los intentos de castigar a las fuerzas policiales culpables de la muerte de casi una docena de trabajadores, algunos de los cuales se mantienen en un limbo carcelario.
Se habla de un proceso integracionista que acerque más a Paraguay al resto de las naciones de la Unión Suramericana de Naciones (UNASDUR) y el Mercado Común Suramericano (MERCOSUR), zanjadas diferencias con Venezuela, pero lo real, la verdad verdadera, como se dice corrientemente, es que nada se puede esperar de un país donde predomina una injusticia que se ahonda cave vez más, como hueco para enterrarlas protestas de trabajadores y campesinos.
No siempre ha sido así, porque incluso hubo momentos de resistencia ante el poder de Alfredo Stroessner de casi 35 años (1954-1089), que dejó hombres y mujeres desaparecidos, encarcelados, exiliados y mucho miedo para conversar libre y abiertamente.
Tras la caída del dictador, sobrevino el gobierno de los neoliberales y neoestronistas, envueltos en mantos de cinismo, latifundio, agronegocio, transgénicos y mercantilismo sin escrúpulos, hasta arrojar poblaciones completas a los cordones urbanos o al desfile de inmigrantes en Europa y Estados Unidos, mientras el Fondo Monetario Internacional aplaudía la obediencia y el país hallaba razones místicas al empobreciendo de las grandes mayorías.
En el 2009, Fernando Lugo, el ex obispo de la Teología de la Liberación, ganó las elecciones presidenciales al frente de una coalición que iba de la centroizquierda a la derecha tradicional, que rompió con la hegemonía de 61 años en el poder del Partido Colorado.
Parecía que por primera vez se escucharía a los habitantes de las comunidades urbanas pobres y el sector campesino, pero la reacción, la oligarquía y castas militares, todas pronorteamericanas, hicieron naufragar al gobierno de Lugo.
Para ello aprovecharon los sucesos de Curuguaty, donde seis agentes policíacos y 11 campesinos murieron en un enfrentamiento durante el desalojo de familias rurales que ocupaban algunas parcelas de un latifundio de miles de hectáreas en manos de un antiguo senador de la República y militante del derechista Partido Colorado.
Los opositores arremetieron contra Lugo, a quien acusaron de responsabilidad en las muertes, lo cual desató una crisis política de grandes proporciones, en la cual la mayoría congresional lo destituyó de su cargo, mediante un juicio político que causó la ruptura de la institucionalidad democrática, algo que, en otro contexto se trata de hacer con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Parecía que, más recientemente, con Horacio Cartes como presidente algo pudiese cambiar para bien, pero nada de eso sucedió y, por el contrario, se ha ahondado la injusticia, la corrupción y la aparición de bandas paramilitares.
Hoy, como ayer, Paraguay sigue siendo el paraíso para las transnacionales que comienzan la explotación de riquezas minerales en suelo usurpado a los campesinos, quienes, por otro lado, se ven ahogados por el latifundio.
Cierto que ya surgen nuevos movimientos sociales y partidistas que tratan que todo sea diferente, pero la realidad aún permanece inamovible: El 1% de los propietarios rurales paraguayos detenta nada menos que el 77% de las mejores tierras del país y el resto de los agricultores dispone apenas del 1% de las tierras productivas. Y esto es solo un dato.
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