Indígenas amenazados
18 de julio de 2019
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La población aborigen peruana se siente hoy más amenazada que nunca, debido a negligencias oficiales que están dejando caminar proyectos que, en aras de un supuesto desarrollo económico, podría afectar gravemente el medio ambiente.
No hace mucho, con el objetivo de proteger a la considerada por los indígenas cuenca sagrada del rio Napo de los derrames petroleros y abandono de las autoridades, la Federación de Comunidades Nativas del Curar se sumó al paro indefinido de los pueblos afectados por la actividad petrolera, que agrupa a 52 federaciones indígenas de toda la región del Loreto, sin que las autoridades accedieran al diálogo.
Asimismo, varios indios fueron muertos o heridos, cuando intentaron impedir la tala ilegal de los bosques amazónicos, y las autoridades tampoco intervinieron.
Lamentablemente, la atención oficial, avalada por diarios de derecha como El Comercio, se centra por estos días en la próxima inauguración de los Juegos Panamericanos, en los que el supuesto homenaje a la población originaria es toda una burla.
En este contexto, llama la atención la desidia gubernamental sobre la demanda de dirigentes indígenas de que se evalúe el proyecto que se pretende hacer acerca de una hidrovía que utilizará aguas de cuatro importantes ríos, que pudiera amenazar la vida de por lo menos 424 comunidades de 14 etnias, hecho en que también se ha sentido la alarma realzada por diferentes entidades medioambientales.
El dirigente aborigen Jemer Manihuari denunció que el Estudio de Impacto Ambiental no recoge la mayoría de aportes que dieron los líderes indígenas sobre el impacto de los proyectos, y que fueron alcanzados al equipo técnico de la Hidrovía Amazónica. “Terminado este estudio y conociendo que se ha presentado (ante las autoridades), nos quedan muchas preocupaciones y nos generan muchas dudas. Los pueblos se sienten amenazados de que este proyecto estaría dañando la vida de nuestros hermanos”, expresó en una conferencia de prensa.
El dirigente agregó que, según los líderes indígenas, con el dragado, los peces migrarán, el agua se contaminará y, por ende, afectarían gravemente en la salud y alimentación de muchas comunidades indígenas y no indígenas de la zona, que no cuentan con otro tipo de agua para la subsistencia que no sean la de sus ríos. Por ello, valoró que el proyecto “responde a otros intereses que no va a ayudar a mejorar la vida de nuestra población”.
Una experta medioambientalista, la ingeniera Mercedes Lu, señaló además que la justificación del proyecto y el beneficio económico de la región o del ciudadano de a pie “no están muy claros”. “Tampoco se ha evaluado en general cuál sería el costo-beneficio, incluyendo los aspectos ambientales del mismo, como los efectos en calidad de agua, en la pesca, en el ecosistema”
Pero en vez de responder a las preocupaciones indígena s acerca de si el estudio al respecto tiene o no deficiencias, lo que predomina es el ataque a los sectores preocupados por el posible impacto negativo del proyecto de la hidrovía.
En este sentido, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la agresión a diversas organizaciones que conforman su plataforma, a través de las redes sociales y medios como El Comercio “de manera sostenida y reiterada”.
De acuerdo con la denuncia, a través de las redes sociales “se difundió información descontextualizada con el objetivo de desvirtuar un evento sobre el tema, lo que puso en riesgo la seguridad de los asistentes”.
La Coordinadora observó que ese mismo día se publicó una columna en el diario El Comercio, donde se ataca a organizaciones de la plataforma con acusaciones que los calificaban como “ONG y medio de anti mineros”, intentándolos vincular con actuaciones de “extorsionadores” y tildándolos de “agresores del país”.
Frente a ello, solicitó las garantías para que las organizaciones que la integran desarrollen sus trabajos, ya que actúan “siempre conforme al derecho, promoviendo el ejercicio de los derechos fundamentales” y cautelan “el patrimonio natural y cultural” del país.
Asimismo, solicitó al Ministerio de Justicia establecer las acciones pertinentes en el marco del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú” y las obligaciones internacionales sobre protección de defensores/as de estos, pero hasta el día de hoy no sólo no se ha hecha nada al efecto, sino que se han multiplicado las amenazas y agresiones a los defensores del medioambiente, sean indígenas o no.
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