Incógnita salvadoreña
21 de abril de 2023
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El ahorcamiento de seis reos en una cárcel de Ecuador no es más que un aspecto de los problemas que acontecen en ese país en manera de seguridad, algo que es común en la mayor parte de este continente, incluido Estados Unidos.
Ello se puede explicar por la existencia de grandes desigualdades entre los muchos que no tienen nada y los pocos que lo tienen todo, por lo cual la posible solución pase por un notable cambio estructural que abarque todas las esferas de la vida.
Empero, hay excepciones, como en Cuba, donde prima la justicia y la solidaridad, a pesar de ser golpeada criminalmente por un bloqueo de más de seis décadas causante directo e indirecto de las escaseces y situaciones que abruman cotidianamente al ciudadano común.
Ahora en Honduras se trata de tomar el modelo del tratamiento a la delincuencia que existe en El Salvador y que, a pesar de las críticas de la derecha e izquierda, basadas en el irrespeto a los derechos humanos, ha ido logrando su cometido y elevando internamente la popularidad del presidente Nayib Bukele.
La inmensa mayoría de los ataques provienen del gobierno, legisladores y los principales medios de Estados Unidos, entre los que sobresale el falsamente serio y objetivo The New York Trines, que sabe callar cuando se prepara un crimen mayor contra otras naciones más pequeñas y mal armadas.
Acusan a Bukele de convertir su gobierno en una autarquía violadora de los derechos humanos de más de 60 000 delincuentes que mantiene en prisión, aunque han tenido que reconocer que ello lo ha hecho popular entre una mayoritaria ciudadanía que incluso se vio obligada a abandonar sus viviendas ante el allanamiento y ocupación por los mafiosos maras.
El tratar de controlar y hacer desaparecer la creciente violencia ya había sido intentado por el anterior presidente, Salvador Sánchez Curen, a quien se le prometió una ayuda de más de 5 000 millones de dólares provenientes de entidades internacionales y de grupos empresariales locales, con el fin de emprender programas de integración social de los jóvenes, que hubiera sido lo más adecuado, sin recurrir a la represión. Pero el dinero no apareció, los programas al respecto no pudieron ser aplicados y la violencia creció aún más.
REELECCIÓN CASI SEGURA
Nadie duda que Bukele seré reelecto presidente y más ahora, cuando lo apoyan exjefes guerrilleros que se le oponían en el 2019, tiempo después de que el izquierdi0sta Frente de Liberación Farabundo Martí lo separara por diversas discrepancias.
El actual presidente de El Salvador, y su gobierno emanado de una coalición entre el partido político Nuevas Ideas, fundado por Bukele, y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), logró derrotar electoralmente con más del 58% de los votos al gobierno del Frente y a la archirreaccionaria ARENA.
Empero, no pudo gobernar a sus anchas hasta que controlara mayoritariamente el Congreso, al vencer en comicios legislativos.
Ello desbloqueó un importante convenio que había logrado en una vista a China, nación que donó medio millón de vacunas para combatir el COVID-19.
Precisamente, entre los éxitos de su gobierno destaca la implementación de medidas para hacer frente a la pandemia, que fueron muy eficaces en la contención del virus en el país.
Independientemente de los señalamientos, también se puede considerar un logro el lanzamiento del programa “Territorios Libres de Violencia”, que ha reducido significativamente la tasa de homicidios.
Asimismo, destacan el lanzamiento de programas sociales y económicos destinados a apoyar a los ciudadanos más vulnerables, incluyendo el de ayuda alimentaria “Quédate en Casa”.
Sin embargo, también ha habido críticas sobre ciertas políticas y acciones de su gobierno, como la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General en el 2021, lo que fue considerado por muchos como una violación a la separación de poderes y al estado de derecho. Pero, no mencionan que esa misma magistratura había sido nombrada y controlada por ARENA, le había hecho la vida imposible a Sánchez Cerén y ya estaba preparando un dossier para hacer con Bukele lo que había sucedido con Lula en Brasil y lo que le acontece a Pedro Castillo en Perú.
Bukele se ha consolidado, más allá de sus fronteras, como un líder político latinoamericano. Y frente a las críticas ha cuestionado a quienes lo consideran un dictador y les ha pedido que, si tanto les preocupa los derechos humanos de los delincuentes, los adopten y se los lleven de El Salvador.
El éxito de su gobierno, de acuerdo a la percepción de la mayoría de los ciudadanos que estaban cansados de la delincuencia, es la efectividad de sus medidas y la verdadera disminución en la tasa de criminalidad.
SEMBLANZA POSITIVA
Nayib Bukele, de descendencia palestina, que nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, y se graduó de la Universidad Dr. José Matías Delgado con una licenciatura en comunicaciones y publicidad, es un estratega que ha manejado eficientemente su imagen.
Antes de convertirse en presidente de El Salvador, ocupó varios cargos políticos en el país. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán del 2012 al 2015 y luego de San Salvador del 2015 al 2018. En el 2018, renunció al partido político por el cual fue elegido alcalde de San Salvador y anunció que se postularía como candidato independiente en las elecciones presidenciales del 2019.
Ha sido descrito como un líder joven, carismático y populista, con un enfoque en el uso de las redes sociales para conectarse con la juventud salvadoreña. Ha sido elogiado por algunos por su enfoque en la transparencia y la lucha contra la corrupción en el gobierno, así como por sus esfuerzos para mejorar la infraestructura y el turismo en El Salvador. Sus más recientes discursos han preocupado al establishment estadounidense.
SIN EMBARGO
El problema de las maras o pandillas delincuenciales no es de orden público, es de seguridad nacional. Es toda la sociedad la que padece los males de esta violencia.
Y es que la violencia pandillera no se puede enfocar de modo cortoplacista, ni se debe aceptar que se relativice la lucha contra las maras.
Algunos comentaristas considerados honestos han coincidido en señalar que un Pacto de Estado debe lograrse en la Asamblea Nacional, con la participación del ejecutivo como garante, junto al poder judicial. El Pacto deberá reconocer que el hábitat en que la violencia de las maras crece y se hace sostenible es la pobreza, el desempleo, el abandono de la juventud, la exclusión social, la negativa a crear oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes.
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