Ilegal y no ético, algo común en Estados Unidos

22 de octubre de 2014

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

Conocidos desde antes del triunfo de la Revolución en el estado norteamericano de New Jersey calificaron de bochornoso el proceder de la Corte Suprema de Estados Unidos, al virtualmente reducir a la insignificancia la multa de 9 000 millones de dólares que un juez federal del estado conservador de Louisiana decidió contra las farmacéuticas Takeda y Eli Lilly por no haber informado sobre la posible relación entre el uso del antidiabético Actos y el cáncer de vejiga.
En este contexto ambos entes destruyeron un gran número de documentos que daban a conocer el perjuicio a por lo menos 2 900 pacientes.
Salud y Fármacos, una organización que se dice estar libre de lucro, afirmó que los juicios interpuestos por los gobiernos a varias farmacéuticas han hecho aumentar compensaciones a quienes sufrieron daños, aunque son insuficientes, además de ser irrisorios ante las ganancias empresariales.
No es la primera vez que se publican, pero si es necesario recordar que Pfizer llegó en el 2004 a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. y pagó 430 millones de dólares por la promoción engañosa de Neurotin, su medicamento anticonvulsivo; y Serono aceptó compensar 704 millones por la venta fraudulenta de Serostim (somatropin) para el síndrome de emaciación de Sida, una hormona sintética aprobada para el crecimiento.
En el 2007, se comprobó que Purdue Pharma había afirmado que su medicamento Oxycontin era menos adictivo que otros para el dolor, lo que acabo en una multa de 634 millones de dólares; el mismo año, Bristol-Myers Squibb tuvo que pagar 515 millones por varias infracciones, pero la más grave fue por Abilfy, un antisicótico atípico aprobado para la esquizofrenia y el desorden bipolar de adultos, pero no para niños, adolescentes ni pacientes geriátricos. Es decir, violó todas las restricciones.
La escalada de pagos por compensaciones siguió en la década del 2000. Merck pagó a los enfermos (o sus familias) que sufrieron graves daños, incluyendo la muerte, un total de más de 4 000 millones de dólares, y en el 2009 Pfizer llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia que le costó1 300 millones por promover Bextra, un medicamento aprobado para la artritis, como medicamento multiuso para el dolor.
En la nueva década, las multas y pagos de las farmacéuticas siguen a buen ritmo. Merck recibió una multa por Vioxx de 950 millones de dólares en el 2011, y en el 2012 Abbot Laboratories pagó 1 600 millones y GlaxoSmithKline 3 000 millones por la promoción fuera de etiqueta de Paxil, Wellbutrin, y Arandia, medicinas que le habían reportado mucho más ganancias.
El 2013 se inició con informes sobre ilegalidades de GSK en China, pero otras empresas también han violado la legislación en otros países. Así, Johnson & Johnson (J & J) ha pagado 70 millones de dólares por violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practice Act), específicamente en Iraq, Grecia, Polonia y Rumania.
En ese mismo año, el acuerdo alcanzado por J & J de pagar 2 200 millones de dólares por la promoción ilegal del antisicótico Risperdal marca otro hito en la serie de multas gigantescas, aunque solo significaba algo más del 10% de las ventas del medicamento antes de que perdiera la patente. Según un informante, la subsidiaria de J &J, Janssen Pharmaceuticals, organizó un esquema desvergonzado de coimas a Omnicare Inc, una farmacia que dispensaba medicamentos en residencias de ancianos.
A finales de 2013, la Comisión Europea impuso una multa de apenas 22,5 millones de dólares a J $ J y a Novartis por firmar un acuerdo para retrasar la entrada de genéricos de fentanyl en Holanda, violando las normas antimonopólicas.
El acuerdo ofrecía fuertes incentivos a la unidad de genéricos de Novartis, Sandoz, para retrasar la salida de la versión genérica de fentanyl. Según documentos internos, Sandoz aceptó no comercializar el medicamento a cambio de quedarse con “una parte del pastel”.
Según informa FiercePharma, el 2013 batió el record del monto de las multas por fraude, que llegó a 3 750 millones de dólares en EE UU.; por multas criminales y civiles el Departamento de Justicia y el de Salud y Servicios Humanos recibieron 4 300 millones.
La repetición de estos hechos sigue en este 2014. AstraZeneca reconoció que el Departamento de Estado de EE UU estaba investigando los estudios de su anticoagulante Brilinta, y no dio una explicación favorable de la posible manipulación en la muerte de pacientes con problemas vasculares.
Empleados de la compañía GSK sobornaron a 16 médicos y farmacéuticos que trabajan en los servicios de salud públicos en Iraq para que promovieran sus medicinas. Asimismo, Ranbaxy Laboratories y Teva pagaron solo 300 000 dólares por haber acordado entre ellas algo que la ley no permite: la primera cedió a la segunda los seis meses de exclusividad de la fabricación.
En California, las farmacias ya han puesto un juicio a Pfizer y Teva porque estas dos empresas llegaron a un acuerdo por el que Teva se comprometía a no fabricar el genérico Lipitor durante un tiempo a cambio de un pago de Pfizer, estrategia conocida en inglés como pay-for-delay, es decir la innovadora sigue vendiendo a precio monopólico el medicamento y paga al primer fabricante del genérico para no producirlo durante seis meses.
Algunos fiscales públicos llevan años sugiriendo infructuosamente que hace falta sancionar con cárcel y multas elevadas a los ejecutivos de las farmacéuticas que permiten actos ilegales en sus empresas, que ha recibido el respaldo de la sociedad civil, por considerarlo que es el único medio de evitar los abusos de la industria.
Es decir, toda una subversión para eludir mayores multas, por algo que llega a ser factor de la muerte humana. Ilegal y no ético, algo común en Estados Unidos.