Hidalguía vs traición
15 de octubre de 2019
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La comunidad indígena ecuatoriana acaba de realizar en estos días lo que se puede considerar una hazaña, al desafiar las amenazas y la represión oficial, para, junto con otras fuerzas populares, obligar al presidente Lenín Moreno dar marcha atrás y eliminar el decreto que eliminaba los subsidios a los precios de los combustibles, una práctica de hace 47 años, cuyas consecuencias eran terribles para la mayoría del pueblo, los más necesitados, al encarecer ostensiblemente no sólo el transporte, sino también los alimentos, la electricidad y rubros similares.
Era realmente un atentado a quienes menos tienen en Ecuador, porque desde que asumió la presidencia –previa traición al partido que siempre le apoyó– se las arregló para eliminar los impuestos a la clase pudiente, además de empezar a privatizar los entes públicos y promulgar el problemático decreto, dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le ayudaría con la inyección de unos 4 200 millones de dólares, posibles a convertirse en10 000 millones, endeudando de por vida a la nación andina.
En lo que respecta a la eliminación del decreto sobre el cese del subsidio a los combustibles, el documento al respecto firmado por Moreno y los indígenas finalizaba las movilizaciones y protestas, al tiempo que indicaba la búsqueda de otro acuerdo para tratar los problemas del déficit fiscal, que tanto atormenta a Moreno, luego de haber establecido una política que empeoraba tal situación.
Moreno trató de justificar su marcha atrás en la decisión antipopular, alegando que así combatía una conspiración promovida por el anterior presidente, Rafael Correa, además de tratar de involucrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La decisión presidencial fue dolorosa, porque había recibido todo el apoyo del mandatario norteamericano, Donald Trump, para que no cambiara acápite alguno de su acuerdo con el FMI.
Así se cierra por el momento este doloroso capítulo en que se probó la hidalguía y fuerza indígena, pese a una represión que causó siete muertos y miles de heridos y detenidos, entre ellos niños llevados a las cárceles con sus padres.
Ahora Moreno buscará la forma de no fallecer políticamente después del enorme bajón de su aceptación como presidente.
Recordatorio
Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República de Ecuador el 24 de mayo del 2017, luego de haberse impuesto en la segunda vuelta electoral del 2 de abril, con el 51,16% de los votos frente al 48,84% obtenido por el banquero Guillermo Lasso.
Su programa apuntaba a la continuidad de la Revolución Ciudadana que se inició en el 2007 con Rafael Correa, aunque prometiendo corregir errores e impulsar otro estilo de gobierno, menos confrontativo y más inclusivo y dialogante.
Si bien ganó con un margen apretado, Alianza País, el partido que le permitió el triunfo, obtuvo una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional que le posibilitaba al gobierno superar los problemas económicos y asegurar la gobernabilidad.
Paulatinamente, sin embargo, hizo un giro de 180 grados hacia posiciones de derecha y ultraderecha, cumpliéndose ese viejo axioma de que se triunfa con la izquierda y se gobierna con y para la derecha. Moreno no solo asumió los planteamientos y el programa de los adversarios de la Revolución Ciudadana, sino que echó a todos los funcionarios correístas o sospechosos de serlo e incorporó a su gabinete a todos aquellos que no votaron por él y ahora son los que toman las decisiones del gobierno.
En estos poco más de dos años de gobierno, inventó y conjugó el verbo “descorre izar”. Esta narrativa de los medios, políticos de derecha e inclusive de izquierda, y de funcionarios gubernamentales ha sido el telón de fondo para estigmatizar a las personas.
También ha servido para acabar con la institucionalidad creada en la década pasada (por ejemplo se eliminó la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES) y colocar en las distintas dependencias del Estado a funcionarios que viabilicen el proyecto neoliberal, pro empresarial y pro imperio.
Tiro de gracia
La vía para “descorreizar” el Estado fue la consulta popular del 4 de febrero del 2018, impulsada sin aprobación de la Corte Constitucional, que dio un espaldarazo al gobierno de Lenín para reinstalar en el Ecuador el proyecto neoliberal. No solo se prohibió la reelección indefinida, impidiendo la postulación de Rafael Correa a la presidencia, sino que se dio por terminado las funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fue creado por la Constitución del 2008 con la función principal de designar, a través de concursos públicos y veedurías, al Contralor del Estado, Fiscal, Defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, entre otros.
En la consulta también se aprobó la conformación de un CPCCS transitorio, con amplias atribuciones, entre ellas la de evaluar a los funcionarios designados por el CPCCS cesado, destituirlos y reemplazarlos.
Presidido por el ya fallecido Julio César Trujillo, el CPCCS transitorio estableció un verdadero estado de excepción yendo mucho más allá del mandato popular, según varios juristas. Se convirtió en la práctica en una mini-asamblea constituyente que incluso adoptó medidas y mandatos no contemplados en la Constitución, procediendo a una reestructuración de casi todas las funciones del Estado.
O sea, no se respetaron las leyes y los procedimientos previstos en la ley y la Constitución para designar a los nuevos miembros de las instituciones del Estado, como la eliminación de la etapa de oposición y las comisiones ciudadanas de selección, el irrespeto a la equidad de género, tráfico de influencias, la prolongación del periodo del Contralor subrogante Pablo Cheli hasta el 2022, etc.
El resultado de todo esto no ha sido el obtener mejores instituciones del Estado y más democracia. Al contrario, se ha visto el retorno de los viejos actores partidarios y corporativos que retomaron las diferentes instituciones del Estado para defender sus intereses particulares y no el bien común, sin que estén ausentes las disputas y las peleas en la repartición de los cargos como sucedía en el pasado.
Así que ahora se ganó un importante “round” por la movilización del pueblo, principalmente los indígenas, pero aún falta mucho para que impere la justicia.
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