Guerrero, ¿otro Michoacán?

29 de octubre de 2014

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

El impactante caso de los alumnos normalistas desaparecidos, las numerosas fosas comunes descubiertas y la evidente complicidad de las principales figuras políticas del estado de Guerrero (hoy prófugas) en tal situación, revelan que el problema del narcotráfico en México ha alcanzado niveles insospechados, debido a los acuerdos siniestros entre los líderes de los cárteles y los cuerpos policíacos, por la complicidad con miembros del gobierno y las negociaciones establecidas por los narcos con militares y cuerpos de seguridad.
Guerrero ahora, como Michoacán hace poco y casi todo el territorio mexicano en el curso de los últimos años, son escenarios de la degradación de un sistema que ha establecido un virtual culto a la criminalidad, que destruye cada intento sincero o no del ente gobernante.
Claro que la actual gobernanza con Enrique Pérez Nieto al frente sufre perdida de prestigio en una situación que perdura por décadas y que necesitaía varios tomos para describirla, por lo que acudimos al actual caso de Guerrero y al no muy lejano de Michoacán para ejemplificarla someramente.
Los más de 80 000 asesinatos y 22 000 desapariciones vinculados al narcotráfico solo desde el 2006, es un hecho de por sí que ilustra el problema, sin contar las secuelas en una población donde la droga esclaviza a decenas de miles de menores y hace elevar a cerca de ocho millones el número de consumidores en el país, sin contar los vínculos en armas y drogas con Estados Unidos, la principal nación receptora y consumidora.
En el sur, Guerrero es una de las entidades más pobres de México, donde operan distintos grupos de criminales organizados y lugar estratégico para quienes se dedican al narcotráfico. Con ese marco, el 26 de septiembre último seis personas murieron, entre ellos tres estudiantes y un futbolista menor de edad, 17 resultaron heridas y 43 más se reportaron como desaparecidas, tras el ataque de policías locales y al menos un comando armado en contra de un grupo de alrededor de 80 estudiantes del magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa en la localidad de Iguala.
Iguala (140 000 habitantes), como el resto de Guerrero, es una zona de intensa actividad del narcotráfico donde tan solo este año se han descubierto diversas fosas. Su alcalde y el jefe de seguridad pública están prófugos.
A su vez, fuentes fiscales afirmaron que en los tiroteos participó el grupo criminal Guerreros Unidos, del cual varios elementos de la policía municipal son parte, pero esta versión fue rechazada por los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
“Aquí el único que sabe es el gobierno del Estado, no sé por qué está manchando a otros (criminales), cuando a lo mejor no son. Ellos (el gobierno) saben bien quiénes son los culpables. Los policías se los llevaron”, aseguró Uriel Alonso, vocero del Comité Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa, citado por el diario Reforma.
Y subrayó: “Nosotros vimos que los policías se los llevaron. No puede ser posible que fueran los del crimen organizado. Nosotros no le hemos hecho nada al crimen organizado. Se están queriendo lavar las manos, diciendo que fue el crimen organizado”.
Esto, por supuesto, está en pleno desarrollo, y se trata de que no haya una vuelta de página, como ha pasado en anteriores ocasiones, al tiempo que hay indicios de que ciudadanos comunes se preparan a repetir lo que aconteció hace apenas un año en Michoacán.
Bastó que pobladores de Michoacán comenzaran a armarse para establecer grupos de autodefensa contra el narcotráfico organizado, para que 10 000 soldados fueran enviados a ese estado a fin de que, combinados con policías y otros agentes federales, llevar a cabo su desarme, que ya ha producido víctimas fatales entre los opositores a los cárteles mafiosos.
La región de Tierra Caliente, en el sur, fue el escenario de la confrontación originada por los habitantes que quieren defenderse de los continuados desmanes de los delincuentes organizados en el cártel Los Caballeros Templarios.
El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez -quien debió salir de Michoacán por amenazas de la delincuencia organizada-, dijo, según el portal Cubasí, que no hay indicios de que se quiera terminar con la violencia que azota al estado desde hace varios años, porque la estrategia especial de seguridad que aplica el gobierno federal en el lugar sólo ha causado indignación e inconformidad.
Denunció que “en lugar de buscar a los criminales que dañan a la comunidad, el ejército mexicano, por órdenes superiores, fue a desarmar a las autodefensas de Nueva Italia y de Antúnez, agrediendo a la gente indefensa con el resultado de tres hombres muertos.
“El pueblo está exigiendo al gobierno que primero agarren y desarmen al crimen organizado. El ejército y el gobierno han caído en el descrédito, porque en lugar de perseguir a los criminales han agredido a las personas que se defienden de ellos. ¿No han comprendido que nos encontramos en un Estado de necesidad?”, sentenció.
Finalmente, las autodefensas fueron anuladas, pero no su origen, la desconfianza, ya que para el ciudadano medio no se puede acudir a las autoridades locales y se siente desamparado.
José Manuel Mireles, quien fuera el jefe más visible de las desaparecidas autodefensas, reconoció que no volverá a Michoacán, “mientras no entreguen las cabezas” de siete de los principales líderes del grupo de narcotraficantes los Caballeros Templarios. Mireles teme por su vida, al igual que otros jefes como Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, quien en cada entrevista con medios locales repite la misma frase: “A ver si no termino dentro de una bolsa de plástico”.