Factura al pueblo
12 de julio de 2019
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Mientras recibía a un grupo de marines de Estados Unidos que llegaban a Honduras en supuesta ayuda humanitaria, el presidente Juan Orlando Hernández lanzaba al ejército a las calles a reprimir las cada vez más numerosas manifestaciones en su contra, que ya no se limitan a demandas de comida y trabajo, de cese persecución y la corrupción, sino que piden su renuncia y el abandono de los planes de privatización y de la política de entrega de las riquezas a la oligarquía y corporaciones extranjeras.
Una veintena de muertos y más de un centenar de heridos de bala, así como un gran número de detenidos, es el más reciente saldo de la represión oficial, a la cual también se le atribuye el asesinato del ex alcalde opositor Roberto Acosta (1994-1998), del Partido Liberal , quien fue acribillado a balazos cerca de su vivienda.
Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, aseguró sentirse consternado por el asesinato de Acosta e instó a las autoridades a investigar el hecho.
“Exigimos a las autoridades que se haga la investigación para que el caso no quede como un caso más y que detengan a los responsables”, subrayó el máximo líder del Partido Liberal, quien se solidarizó con la familia del ex jefe del Gobierno capitalino.
Tal como ocurre en estos diez años posteriores al golpe militar del 2009, este y los demás crímenes no han sido esclarecidos, e incluso de los que se han presentado pruebas sufren un proceso largo y condenas leves a implicados que luego desaparecen de las prisiones a las que fueron enviados.
Impunidad, violencia, hambre, etcétera, son parte de las causas del porqué se produce un mayor número de personas que no simplemente migran, sino que huyen de Honduras, ahora con un destino incierto, con un presidente norteamericano que se niega a darles cobija, pero sí mantiene su protección al mandatario hondureño.
Lo cierto es que el Ejército sigue en las calles, después de que Hernández lo desplegara “para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada/pública y, desde luego la protección de integridad de la población”, según Hernández, en tanto los paros de transportistas y bloqueos de carreteras han afectado la distribución de combustible en el país.
El gobierno niega la acusación de que sus reformas vayan a acabar en la privatización de los servicios sanitarios y educativos, algo que conllevaría despidos. Por el contrario, defiende que permitirían ahorrar 300 millones de dólares que utilizaría para invertir en educación primaria, la construcción de dos hospitales y la mejora de los servicios de atención neonatal, dice la BBC, de Londres, que admite que nadie se lo cree.
La mexicana Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América, informó que las fuerzas de seguridad han utilizado armas de fuego y gases lacrimógenos o balas de goma, provocando lesiones en decenas de personas, cebándose en todo tipo de demostraciones, aunque sean pacíficas.
Así, desmintió a portavoces de la Fuerza de Seguridad Nacional y la Policía, que alegan que no están violando los derechos humanos, y que sólo actúan para “restablecer el orden y habilitar vías para el libre tránsito y locomoción”.
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