Extradición para un aliado, ahora «incómodo»
21 de febrero de 2022
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Los gobiernos y las leyes de los Estados Unidos se han atribuido el derecho a imponer y disponer de personas involucradas en delitos —comprobados o no— de otras naciones, a los que solo la «justicia» estadounidense puede juzgar, como para que las sentencias sean irrevocables.
Una forma muy particular del respeto al derecho internacional y a la soberanía de cada país.
Por esa disyuntiva pasan, desde ex jefes de estado, funcionarios públicos, presuntos involucrados en acciones de corrupción y una buena cantidad de casos en los que las administraciones estadounidenses usan su «justicia» con fines políticos.
En muchas ocasiones, el dinero es la moneda de cambio para sus propósitos para lograr que sean deportados a Estados Unidos, sin motivo alguno, a personas como el funcionario venezolano Alex Saab, hoy privado de libertad y víctima de una conjura política que, a la vista, tiene como único fin, tratar de acusar al gobierno de Caracas de supuestos vínculos con la ilegalidad, además de dañar las conversaciones en México entre gobierno y oposición venezolana en busca de la paz tan necesaria para la nación bolivariana..
En este contexto, también Washington «pasa cuenta» a personajes que una vez fueron sus aliados, como el ex mandatario hondureño, Orlando Hernández, en prisión preventiva esta semana en espera de su extradición hacia Estados Unidos.
Se trata de un ex presidente de la derecha hondureña que, entre sus palmarés, tiene el reconocimiento explícito de varios presidentes estadounidenses, en especial de Donald Trump y la felicitación en 2014 del secretario de Estado, John Kerry, al «gobierno de Honduras por garantizar un proceso electoral transparente que reflejó la voluntad del pueblo», obviando que esos comicios que dieron la «victoria» a Orlando Hernández, habían sido descalificados por fraudulentos.
Elogio similar vino de Donald Trump en 2018, quien congratuló a Hernández por el triunfo de noviembre de 2017, aunque hasta la propia OEA no había dado el crédito electoral y recomendó repetir la vuelta a las urnas.
Durante su primer mandato el gobernante de derecha hizo promesas de mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, sin embargo, al terminar el primer período en la presidencia, más del 65% de la población vivía en la pobreza y los indicadores sociales eran cada vez más alarmantes, según se recoge en un reporte de RT.
No obstante, se presentó a la reelección y gobernó por un segundo período, en el que las acusaciones por corrupción, vínculos con el narcotráfico y otras, lo acompañaron hasta el último día.
A tales extremos llegó su cuestionada ética, que las denuncias de vínculos con el negocio del narcotráfico e, incluso declaraciones de ex capos de la droga en una corte de Nueva York, le fueron restando el apoyo de Washington.
El propio despacho noticioso de RT se refiere al testimonio de Devis Leonel Rivera, ex líder del cártel de «Los Cáchiros», quien en un juicio en la ciudad neoyorquina acusó a Hernández como receptor de sobornos para evitar su captura y posterior extradición a Estados Unidos.
En este enrarecido ambiente vinculado al lucrativo negocio de las drogas, y luego de perder el poder en las más recientes elecciones en Honduras, ganadas por la dirigente de la izquierda Xiomara Castro, el ahora ex mandatario se convierte en una pieza incómoda para el gobierno de Estados Unidos y en tal caso exigen sea deportado a ese país para que la «justicia» estadounidense lo procese… y quizás para ofrecerle alivio de pena a cambio de «callarlo» y que no revuelva mucho un sucio asunto que evidentemente tiene vínculos mayores.
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