En busca de la justicia perdida
11 de abril de 2018
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Pese a la enorme campaña para difamarlo, completada ahora con una injusta condena a prisión por 12 años, miles de brasileños están en las calles, haciendo vigilas, entre otras demostraciones, para demandar la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La fabricación de pretextos para dejar fuera de juego a Lula conforma el montaje reaccionario integrante de los planes imperialistas para evitar que el líder brasileño se vuelva a postular a la Presidencia, luego de impedir que la mandataria Dilma Rousseff termine su mandato.
Como habíamos indicado anteriormente en este portal, esta situación responde a una campaña de investigación sobre sobornos y lavado de dinero existentes en la empresa estatal Petrobras, en la cual Lula ha mostrado cooperación para que todo se haga limpio y con justicia, por lo cual se apeló a falsas acusaciones entregadas por la empresa estatal Odebrecht para urdir la trama contra el líder del Partido del Trabajo (PT).
Tales acusaciones fueron demostradas en una labor d peritos d la propia policía brasileña, la cual, aunque fue esgrimida por los abogados de la defensa, no desviaron ni un ápice ante la trama en la que ejercieron protagonismo el fiscal general Sargo Moro, enemigo acérrimo de Lula, y el grupo jurídico que no se ha separado del proceso contra el ex presidente.
Como conocemos, esto no ocurre solo en el gigante sudamericano, sino también en procesos similares en otros países de América Latina –Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, por ejemplo– donde han surgido movimientos y jóvenes líderes entrenados y financiados por fundaciones de extrema derecha, calificados por analistas como los nuevos brazos de la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado.
Con el asedio represivo a Lula, el deseo de desmontar y, si es posible, liquidar al PT, por lo cual los intereses egoístas de quienes detentan aun espurios y enorme privilegios, sacarían de la escena a la fuerza social que pudiera cambiar el destino de Brasil.
De acuerdo con el presidente de Bolivia, Evo Morales, la detención del ex presidente brasileño fue “el más grave atentado de injusticia perpetrado por la derecha proimperialista ante los ojos del mundo”, en tanto la Cancillería cubana, en una segunda nota de respaldo a Lula, subrayó que es “víctima de una injusta persecución política, judicial y mediática” , y su encarcelamiento “constituye un hecho gravísimo”, que se realizó con el fin de impedir la candidatura del líder del PT a la Presidencia.
Así se quiere criminalizar a un líder emblemático del continente, quien, recordó La Habana, junto a otros políticos, ““emprendieron el camino hacia un Brasil más justo”.
“Al encarcelar a Lula se aspira a revertir los progresos y conquistas sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, entre ellos el haber sacado de la pobreza a millones de brasileños”, reza la nota.
Y ahora, cuando todavía hay instancias legales que puedan liberar al líder del PT, se alzan otras voces, respaldadas por los principales medios de comunicación, todos emblemáticos de la oligarquía,
Tanto Bolivia como Cuba han expresado su solidaridad al ex mandatario brasileño y Morales ha reiterado que “la lucha sigue por Lula libre”.
Lo que no quieren ver
La fabricación de falsas acusaciones contra Lula requirió de grandes centros de la injusta justicia brasileña, por lo que, como ejemplo, se hace necesario observar el montaje chapucero de Odebrecht contra el ex presidente para incriminarlo, confirmó un análisis policial solicitado por la defensa, como señalamos antes.
El especialista que analizó la documentación anexada por el Ministerio Público Federal brasileño en la acusación contra Lula indicó que “algunos extractos bancarios tienen marcas de montaje o de inserciones, además de existir inconsistencias en las fechas de las transacciones y en las firmas”.
Al respecto, Europapress, una agencia española de prensa, nada sospechosa de favorecer a Lula, informó que el periódico digital brasileño Brasil 247 reseñó como Odebrecht falsificó presuntas pruebas del pago de sobornos a políticos registrados en el sistema de contabilidad paralelo de la empresa, conocida como Drousys.
Los documentos estudiados constan en el dossier de la megacausa anticorrupción “Lava Jato”, que en el caso de Lula investiga el uso de un apartamento vecino al del ex presidente en la ciudad brasileña de San Bernardo del Campo (Sao Paulo), cuya adquisición fue presuntamente costeada por Odebrecht, constructora involucrada en amplia corrupción para ganar licitaciones públicas, a cambios de sobornos, en diversos países de América Latina y África.
El experto que encontró los documentos apócrifos es el mismo que atestiguó la validez formal de los recibos presentados por la defensa como prueba de que Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, pagó el alquiler del apartamento.
El juez Sergio Moro, encargado de la investigación que reveló la trama de corrupción enquistada en la petrolera estatal brasileña Petrobras, condenó el 24 de enero a Lula a 12 años de prisión por blanqueo de capitales y corrupción pasiva al considerar probado que el líder izquierdista había recibido el apartamento como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores políticos.
Sin embargo, según la defensa, esta propiedad no está a nombre de Lula, sino de la constructora que compró el apartamento a la cooperativa Bancoop, cuando esta se declaró en bancarrota.
Lula, por su parte, aduce que la condena, en realidad, busca evitar su candidatura en las presidenciales del próximo octubre, no obstante, él insiste en que se postulará en esos comicios, que según los sondeos podría ser el ganador.
En este sentido, un sondeo del Instituto Quaest dio a conocer que la mayoría de los brasileños cree que el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) de Porto Alegre erró al ratificar la condena por corrupción contra Lula, y una investigación del canal internacional Hispan TV dio como resultado que el controvertido fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil contra el ex mandatario pone de relieve que este tiene gran chance de ganar los comicios del próximo octubre. si se le permite la candidatura.
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