El verdadero delincuente histórico
18 de octubre de 2018
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A la reciente noticia de que 80 carabineros especializados en la represión se acaban de incorporar a las filas de la gendarmería encargada de contener las crecientes movilizaciones de los mapuches en demanda de la devolución de sus tierras, el presidente Sebastián Piñera afirmó que será aplicada la ley antiterrorista contra los aborígenes sospechosos de realizar actos de hostilidad contra el régimen establecido.
Es decir, se sigue insistiendo el asumir el diferendo entre el Estado y el pueblo mapuche desde el punto de vista de la delincuencia, y no como lo que es: un problema histórico-político, que data desde años atrás, cuando los verdaderos dueños de las tierras de la Araucanía fueron despojados respectivamente por los colonos en Argentina y Chile.
Si por el momento se han calmado las cosas en territorio argentino, no ha sido así en el chileno, porque Piñera es partidario del uso excesivo de las fuerzas policiales, y eso implica más violencia contra las comunidades mapuches, y más represión hacia la protesta social en general.
Pañera será el “pecador” actual, pero esto también ha implicado a anteriores gobiernos, que se calificaban de más “democráticos”, que no asumían la responsabilidad de una investigación acuciosa, porque al final hallarían al verdadero culpable de la cuestión: el Estado.
El Estado chileno invadió militarmente a un país independiente, usurpó su territorio, intentó destruir su entramado social, cultural e identidad. . Ese es el único origen de la violencia y del conflicto actual. Además de arrebatar las tierras a los mapuches, el Estado creó 3 000 campos de concentración, a los que llamó pomposamente reducciones, y un siglo después mantenían su cometido usurpador, tanto en la época de la dictadura pinochetista como en los gobiernos que siguieron hasta el actual,
Así, impusieron un modelo neoliberal y la penetración y expansión de la industria forestal, hidroeléctrica y minera, lo cual tiene actualmente a los comuneros en huelga de hambre y a otros mapuches presos, en lucha contra el Estado racista.
En este contexto, la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía rechazó las más recientes declaraciones de Piñera para promover: más proyectos de generación de energía vinculados a la disminución de la participación de las comunidades y territorios en donde se pretenden instalar aquellas actividades extractivitas; mayor dependencia de mercados externos, aumento de la producción alimentaria que se irá fuera del territorio chileno y mapuche, menor implicancia política local y fomento del centralismo de Santiago. Todo lo anterior, sin la consulta, ni el consentimiento de quienes viven en las regiones implicadas.
En cuanto a las leyes contra el terrorismo que aplica el gobierno, organizaciones mapuches expresaron que no dejarán de ser rebeldes contra lo mal hecho, que no intentan justificar el uso de la violencia como medio de lucha, pero que sí se le dé el contexto político, económico e histórico que corresponde, y no de la forma sobredimensionada que impulsa y reproduce mediáticamente el gobierno.
Todo esto ocurre sin que el gobierno, ni los partidos políticos, ni la mayoría del pueblo chileno se den por enterados, sin importarle el destino de un pueblo ancestral, despojado violentamente de sus tierras para pasarlas a manos privadas.
Cierto, hay violencia en la zona rural, pero la mayor parte de ésta está dirigida contra los mapuches, quienes tienen que convivir con la constante presencia de carabineros, la transformación de internados escolares en cuarteles, permanentes controles de identidad, rondas de vehículos policiales y la presencia de militares que actúan como guardias privados de los latifundios aledaños a las comunidades aborígenes.
Mientras, permanece impune el verdadero delincuente histórico.
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