El conflicto colonial de Puerto Rico
24 de junio de 2016
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La quiebra económica y el endeudamiento impagable de la colonia puertorriqueña –otrora exhibida como modelo de prosperidad para América Latina y el Caribe por parte de su metrópoli estadounidense– está teniendo, como era de esperar, profundas repercusiones en el ámbito político, dando lugar a la agudización de pugnas y la aparición de las más diversas proposiciones de los partidos que tradicionalmente se han alternado en el gobierno colonial, el Partido Popular Democrático (PPD) –en el gobierno actualmente– y Partido Nacional Popular (PNP) –hoy en la oposición y aspirante a regresar–.
También otras agrupaciones como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) han expresado sus ideas, además de funcionarios partidistas, ex gobernadores, la prensa, sectores de la población y el gobernador actual, Alejandro García Padilla, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz.
En esencia, el debate tiene lugar acerca de si debe efectuarse un nuevo plebiscito sobre el status colonial de la isla, en qué consistirían sus interrogantes y en qué momento se celebraría, si dentro de las elecciones de la metrópoli el 8 de noviembre o durante el próximo 2017.
Ante el fracaso de la estadidad –con sus trágicas consecuencias económicas y sociales consumiendo a la sociedad–, ganan terreno las otras opciones habituales, como son la anexión definitiva a EE.UU. como estado de la Unión o la independencia y soberanía plenas.
Cual telón de fondo en medio de la complicada situación, apareció en días recientes una decisión de la Corta suprema de Estados Unidos reiterando que la soberanía de Puerto Rico reside en Washington y la real fuente de poder de la isla colonial es el Congreso de la nación imperial.
“La última fuente de poder de la Fiscalía de Puerto Rico es el gobierno federal porque cuando seguimos el rastro de esa autoridad, llegamos hasta las puertas del Congreso de EE.UU. El territorio autónomo (de Puerto Rico) y Estados Unidos no tienen soberanías diferentes”, determinó el tribunal.
La precisión de la Corte Suprema fue motivada por el enjuiciamiento de dos puertorriqueños acusados por tráfico de armas, quienes iban a ser enjuiciados por tribunales puertorriqueños habiendo sido ya procesados por cortes de Estados Unidos.
De este modo, el poder imperial confirmó las limitaciones de la llamada “Constitución de Puerto Rico” que ampara el actual status de “Estado Libre Asociado”, impuesto desde 1952 y secuela de la ocupación militar estadounidense originada por la guerra imperialista librada contra España en 1898, donde le arrebataron las posesiones coloniales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Ante la dramática situación de la economía y el endeudamiento gigantesco de su colonia del Caribe, las autoridades estadounidenses se han lavado las manos –tras el saqueo de más de un siglo– y el Congreso solo ha sido capaz de crear una “Junta de Control Fiscal” que supuestamente debe reestructurar la deuda, estimada en cerca de 70 mil millones de dólares en conjunto.
La dominación colonial sobre “la isla del ensueño” se halla en los orígenes mismos de la expansión imperial de Estados Unidos.
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