Ejecuciones “caritativas”
13 de mayo de 2015
|Entes del negocio se están frotando las manos en Estados Unidos, luego que un nuevo método para la pena de muerte, asfixia por nitrógeno, mediante una cámara o una máscara, se empieza a concretar en varios estados de la Unión, comenzando por Oklahoma, donde lo calificaron de “humanitario” y “revolucionario”, y apto para sustituir a la inyección letal con igual objetivo.
Poniendo como ejemplo el caso de los buzos de aguas profundas, expuestos a un exceso de nitrógeno y fallecen por falta de oxígeno, el auspiciador de la nueva forma de lograr la muerte es un republicano de extrema derecha, el representante Mike Christian, quien propondrá un presupuesto millonario para suplantar a la inyección y llevar rápidamente al reo a una muerte “humanitaria”.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ordenó la suspensión momentánea de ejecuciones, en tanto resuelve una petición de reos sentenciados al castigo capital, luego de que en abril pasado Oklahoma utilizó el fármaco midazolam para aplicar la inyección letal a Clayton Lockett.
Tras recibir la inyección, el reo de 38 años de edad se convulsionó violentamente, gimió y se retorció durante varios minutos. Funcionarios carcelarios suspendieron el procedimiento de ejecución sin que aparentemente el fármaco utilizado “tuviera el efecto deseado”. Lockett sufrió luego un ataque al corazón y fue declarado muerto poco más de una hora después de que se inició el proceso.
La fallida ejecución reactivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.
DUROS Y BLANDOS
La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a un condenado por el Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación; los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse “capitales”.
El estilo de gobernanza “democrática” en Estados Unidos, la presentación por el todopoderoso establishment financiero-industrial de las campañas mediáticas contra los enemigos internos y externos de la nación, sean terroristas o inadaptados sociales, generalmente de bajos recursos y llevados con sus familias a la pobreza, suelen mostrar un apoyo mayoritario a la subsistencia de la pena capital, sin importar que mueran inocentes.
En gran parte de los estados norteamericanos, la postura a favor de la abolición o incluso medidas de gracia a favor de los condenados a la pena capital son consideradas muestras de debilidad ante el crimen y conducen al fin de la carrera política de quien la haya concedido.
Una encuesta hecha por ABC News en julio del 2006 y otra posterior de Gallup revelaron que no había mucho cambio en que alrededor de un 65% de los estadounidenses se mostró a favor de la pena de muerte, así como que la mitad opinó que no se realiza con suficiente frecuencia, y el 60% considera que se aplica de manera justa.
Sin embargo, las encuestas muestran también que el público está más dividido cuando se le pide elegir entre la pena capital y la cadena perpetua, o cuando deben hablar sobre delincuentes juveniles, así como consideran que no tiene un efecto disuasorio en los casos de asesinato, y la mayoría opina que algunos de los ejecutados son inocentes.
Según Amnistía Internacional, de 1977 al 2011, más de 1 400 personas han perdido la vida a manos del estado en Estados Unidos, y al menos cien de ellas padecían enfermedades o problemas mentales graves.
Y es que la pena capital posibilita errores judiciales irreparables. No son solo simples temas de películas norteamericanas, para hacerlas más interesantes. El cliché del final feliz, con la demostración de la inocencia del inculpado no es real, y detestable en una nación que pretende ser paradigma de un mundo ideal.
Los errores son relativamente frecuentes: jueces o jurados arbitrarios, corruptos, locos, politizados, fanáticos, o racistas o con prejuicios; testigos, peritos o policías que se equivocan o mienten o son incompetentes; abogados que por inexperiencia, incapacidad o falta de interés u otros motivos hacen mal su trabajo y no impiden una condena a inocentes o no consiguen que se aprecien las circunstancias atenuantes concurrentes, que hubieran excluido la aplicación de la pena de muerte; indicios que parecen indicar la culpabilidad de personas que en realidad son inocentes; órganos judiciales con falta de medios técnicos periciales para averiguar la verdad.
Los recientes sucesos que avivaron la práctica del asesinato racial por la policía en varios estados norteamericanos son ejemplos de lo anterior, y subrayan como los órganos judiciales eluden averiguar la verdad, sin contar que ante el mismo delito cometido, los acusados con mayor capacidad económica suelen evitar la pena de muerte, al poder permitirse contratar abogados más capaces y comprometidos con su caso; los pobres, incultos o con problemas mentales o los pertenecientes a minorías socialmente discriminadas, subrayo, tienen más posibilidades de ser condenados a muerte.
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