De coimas y sobornos, entre otras cosas
17 de marzo de 2017
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Las esferas oficiales panameñas se encuentran sacudidas porque a las numerosasdenuncias de corrupción por pago de coimas y sobornos promovidos por la constructora brasileña Odebrecht a por lo menos 17 autoridades de tres gobiernos, ahora se sumó una nueva petición para que se investigue si nueve municipalidades de Chiriquí y Veraguas se vieron atrapadas en esa red ilícita.
La Procuraduría General de la Nación ya se encuentra indagando acerca de supuestos sobornos recibidos por funcionarios municipales y sobrecostos en las obras ejecutadas en los distritos de Santiago, Cañazas, La Mesa y Las Palmas, en Veraguas; así como en los de David, San Félix, Tolé, Remedios y San Lorenzo, en Chiriquí, donde existe la posibilidad de que ungran número de funcionaros hayan incurrido en enriquecimiento injustificado.
Todo ocurre horas después de que una figura del más alto nivel de la corporación de justicia fuera llevada al banquillo de los acusados para ser juzgada con el recién estrenado Sistema Penal Acusatorio.
Pero el problema no acaba ahí, sino, que extraoficialmente, organismos oficiales admiten que se pague ciertas cantidades de dinero a los diputados para que los utilice “correctamente” en beneficio de las comunidades que representan, presumiéndose bien que ello es utilizado para lograr fines electorales que les permita permanecer en el cargo.
Lo increíble que esto no es una cuestión nueva, sinoque se ha ejercido en forma ilícita durante años, por lo cual puede enturbiar las verdaderas funciones administrativas de la Asamblea de nombrar al contralor, conceder licencia al presidente, admitir o rechazar la renuncia del jefe del Ejecutivo o de su vicepresidente. También le corresponde, entre otros, aprobar los nombramientos de magistrados.
Otras funciones de los controvertidos diputados es la de conocer las acusaciones o las denuncias que se presenten contra el jefe del Ejecutivo y contra los jueces de la Corte, y juzgarlos por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las leyes.
En este contexto, el gobierno panameño expresó que iba actuar, luego que se convirtiera en vox populi que el costo de la ampliación de la Carretera Interamericana, en el tramo Santiago-David, inicialmente se estimó en 200 millones de dólares, pero que se ha disparado a 1 080 millones, monto que afecta al erario público.
Así, se solicitó a la Fiscalía Anticorrupción investigar a cada uno de los nueve municipios, por los cuales atraviesa tal carretera, y más cuando la propia empresa constructora Odebrecht admitió haber pagado 59 millones de dólares en coimas y sobornos.
Al respecto, se han producido diversas manifestaciones contra lo que denominan inacción oficial ante tales eventos, aunque en las protestas participan elementos opositores de toda índole y que tienen historial de xenofobia y racismo, y que nunca han respetado los intereses del pueblo panameño.
Otra cuestión importante que debe preocupar a la pequeña nación son las acusaciones de que se quiere privatizar el Canal, la principal fuente de riqueza, comenzando por los servicios de remolcadores.
Aunque ello fue desmentido por la Autoridad del Canal de Panamá, que administra la vía, representantes de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, la Unión de Prácticos y la Unión de ingenieros Marinos mencionaron en conferencia de prensa hace unas horas que entre los indicios que apuntan a la privatización está que la ACP “ajusta costos de remolcadores” y “no tiene programado adquirir nuevos remolcadores en el 2017”, aún con la ampliación del Canal. Así, emplean la lógica de que la flota actual es de 46 remolcadores y debe ser el doble con la entrada en operación de las esclusas nuevas.
Como se puede apreciar, es variada las diversas advertencias sobre el quehacer corrupto hecho y por venir en Panamá, donde de las autoridades se han visto desbordadas en espera de una explicación en esa trama que supera los denunciados coimas y sobornos.
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