Corrupción impune
23 de marzo de 2016
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El manto de la impunidad que envuelve el asesinato de la líder indígena y activista de derechos humanos Berta Cáceres es una muestra en el abanico de intolerancia manejado por la oligarquía hondureña para proteger sus intereses.
Muchos de nuestros lectores ya deben estar familiarizados con la muerte de Cáceres, y no deben dudar que se invente algún chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas medioambientales y de corrupción denunciados regularmente por ella, quien gozaba supuestamente de protección policial.
Cáceres denunció los incumplimientos de promesas oficiales de mejorar la calidad de vida del hondureño que llevaron a la desesperación a miles de personas a abandonar a su país en busca de un futuro incierto.
La inseguridad alimentaria, el despojo de tierras a los indígenas y afrodescendientes, la falta de oportunidad de un empleo digno, amenazas y extorsiones por el crimen organizado y pandillas son los principales factores por los cuales se produce el masivo éxodo.
La ola de impunidad y corrupción existente desmiente las palabras gubernamentales de que la reunificación familiar es el principal motivo por el que los hondureños abandonan su país con la idea de llegar a Estados Unidos.
No es justo creer que la crisis humanitaria de la niñez migrante quedó en el 2014 en EE.UU., cuando se disparó la llegada de menores centroamericanos a la frontera estadounidense. Miles de ellos fueron devueltos a Honduras, donde se ven obligados a vivir en una sociedad donde se ignora el bien común, y existe una minoría que acumula riquezas y bienes y se hace imposible la justicia y la equidad.
Los revelados escándalos de desfalco en instituciones públicas, como la del seguro social que garantiza el derecho a la jubilación, siguen sin ser resueltos, debido a que están implicados elementos que roban y revenden tierras.
El 51% de la población en Honduras vive en las áreas rurales, y ese porcentaje está integrado en su mayoría por comunidades campesinas y de pueblos originarios indígenas, y se estima que dos millones de campesinos no tienen acceso a una parcela de tierra para cultivar y generar alimentos para el sustento de sus familias.
El 64% de la población rural vive en condiciones de pobreza, de ella 40%, en situación extrema.
En perjuicio de la mayoría
El investigador Arturo Alvarado comentó que “la corrupción beneficia a unos pocos, pero perjudica a millones de personas. El mal uso de los impuestos que pagamos los contribuyentes hace que los hondureños pobres no puedan tener acceso a servicios de salud eficientes y oportunos”.
A su vez, el obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, al recibir una condecoración de la Casa Presidencial, expresó que “el hacha de la corrupción, el crimen y el desempleo despedazan esta tierra”, resumiendo la terrible situación por la que está pasando la gran mayoría del pueblo hondureño.
En Honduras, la corrupción está presente bajo todas las formas imaginables; desde las emergencias ficticias para adjudicar contratos amañados, el nepotismo que utiliza a los familiares como vehículos para aprovecharse del poder y los pagos debajo de la mesa, con el fin de obtener contratos, beneficios fiscales, concesiones o agilizar los trámites hasta la utilización de los recursos públicos para campañas políticas.
En cuanto a la criminalidad, regresando al asesinato de Berta Cáceres, se destaca la amenaza de muerte a activistas de derechos humanos, lo cual ha dejado al descubierto la podredumbre que afecta a la policía, y demostrado la mezcla de indignación y temor en que viven los hondureños.
Muchos barrios y colonias están instalando portones o casetas de seguridad para restringir el acceso, lo cual significa que muchos ciudadanos viven enjaulados, en tanto los criminales deambulan libremente por las calles.
Es un callejón sin salida, que solo se eliminaría con un vuelco total de castigo a corruptos e impunes, y la educación de miles de niños y adolescentes que hoy se ven obligados a trabajar o delinquir.
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