Colombia: modestos avances hacia la paz

5 de octubre de 2013

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Orlando Oramas León

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) emitieron en La Habana su primer informe sobre el resultado de las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que califican de modestos.
Se trata de un resumen valorativo luego de 14 ciclos de intercambios con los delegados gubernamentales, en los que los insurgentes pusieron sobre la mesa “cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de Participación Política y ciudadana”.
De acuerdo al texto, ambas partes tienen redactadas algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, cuando apenas transitan por el segundo punto de la agenda, y cuando el primero, sobre el desarrollo agrario, dejó asuntos vitales en suspenso.
Son resultados modestos, subrayan los guerrilleros, y lo sustentan con el reciente paro nacional agrario y popular que, afirman, “corrobora la insatisfacción e inconformidad social, lo cual nos da la razón y expresa la justeza de los planteamientos” puestos a debate.
Precisamente esa protesta puso de manifiesto la necesidad de que los acuerdos en el tema que hoy se discute, el de la Participación Política, aseguren garantías suficientes de oposición para las organizaciones y movimientos populares que exigen sus derechos.
El paro agrario y las protestas sociales se saldaron con 19 muertos y casi 900 heridos y lesionados, además de cientos de detenidos y procesados judicialmente.
Las FARC insisten que el diferendo de fondo es ideológico. “En la mesa se enfrentan dos visiones tratando de encontrar puntos de coincidencia”, dice el informe, que a continuación pone de un lado “el enfoque neoliberal” del gobierno, que prioriza los intereses de las transnacionales, y el de la insurgencia, “que enarbola las reivindicaciones de las mayorías”.
No obstante, los representantes insurgentes reconocen “la voluntad del gobierno por avanzar en el diálogo, y confiamos en que se encontrarán salidas a temas esenciales para la transformación rural, que aún están sin resolver”.
Entre esos temas están la superación del latifundio, el establecimiento de límites a la extranjerización de la tierra, la definición de las cantidades de hectáreas para distribuir, restituir y formalizar, la “desastrosa” explotación minero energética y las desventajas de los tratados de libre comercio, entre otros.
Y aunque la agenda de los diálogos fue definida en el acuerdo general suscrito en la capital cubana, el texto reconoce que en los últimos ciclos se abordaron asuntos de todos los puntos conveniados, lo cual ha entregado a la mesa “bastantes instrumentos que harán más cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana”.
Tal aseveración responde a quienes en el país sudamericano critican las “demoras” y las variaciones en el orden de debate, que muchas veces tienen que ver con la actualidad política y con el enfrentamiento a las campañas y ataques de quienes se oponen a las conversaciones en curso.
“Las demoras que se hubieren suscitado por la circunstancia de variar el orden de discusión temática de la agenda, por el motivo de analizar otros asuntos de interés nacional, no son responsabilidad de las FARC y en tal sentido no pueden ser tomadas como factor para fustigarnos o conminarnos a una celeridad que no ha faltado”, enfatizó la guerrilla.
No hay que olvidar que el proceso de paz no atañe solo a las delegaciones que se ven las caras en el Palacio de Convenciones de La Habana. El pueblo colombiano, las organizaciones de la sociedad civil, universidades, el ejército, los paramilitares y otras entidades están involucradas y muchas veces con agenda propia.
Por ello los foros de participación política o los que se han celebrado respecto a la solución del flagelo de los cultivos ilícitos (el problema de las drogas), requieren que los actores oficiales de proceso de negociación tengan que adelantar esos y otros temas.
De cualquier manera, se trata de conversaciones esperanzadoras, pero muy complejas, signadas por décadas de injusticias, impunidad y violencia, amén de actores externos como Estados Unidos, con importantes intereses en Colombia.