Colombia: el conflicto sobre la tierra

11 de noviembre de 2015

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Gustavo Robreño

 

Como en otros países de América Latina, el conflicto sobre la tierra es en Colombia la columna vertebral de las contradicciones sociales, la desigualdad y la miseria en los campos y de la violencia generalizada, hasta considerarse –en definitiva– la causa principal de la prolongada guerra civil interna, que pasando por diferentes etapas y circunstancias estalló en 1948 a raíz del asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán, chispa de los sangrientos sucesos conocidos como “El Bogotazo”.

Desde entonces no hay paz en Colombia, y el problema de la tierra se ha agudizado como consecuencia de la propia guerra, al punto de ser un aspecto principal y medular dentro de los diálogos de paz que llevan a cabo el gobierno y los insurgentes de las FARC-EP desde hace tres años.

Se dice que como saldo de dichas negociaciones debe quedar resuelta la restitución de tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes para que puedan desarrollar sus labores productivas dentro de los vastos territorios colombianos, un país de abundantes y ricas tierras que pueden asegurar una amplia producción agrícola de la mayor variedad.

Actualmente, según estudios realizados por instituciones y movimientos sociales tanto locales como foráneos, pueden pasar de seis millones los colombianos que se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia y tierras de laboreo, fundamentalmente en los campos, sobre todo forzados por las llamadas bandas paramilitares que forman la tropa de choque de los terratenientes y latifundistas cafeteros y ganaderos, quienes las utilizan para apoderarse ilegalmente de más territorios.

A ello habría que añadir las situaciones de conflicto y de emergencia creadas por el desarrollo de la propia guerra a lo largo de décadas interminables de violencia incontrolable.

Se ha calculado que al menos ocho millones de hectáreas –el 14 por ciento de todo el territorio del país–, se encuentra abandonada o ha sido adquirida fraudulentamente por sus actuales propietarios mediante métodos de intimidación o corrupción, a lo cual se añaden las sucesivas concesiones otorgadas a empresas mineras, sobre todo extranjeras, que explotan esos recursos naturales con el consiguiente daño al medio ambiente, incluida la contaminación indiscriminada de las aguas.

Aunque por parte del actual gobierno se inició en 2012 un proceso “de restitución de tierras” que debe haber llegado a veinte mil beneficiarios, son todas cifras que se ponen en duda pues las propias autoridades reconocen que es sumamente difícil llevar a cabo tal restitución mientras predomine el conflicto armado y no haya, al menos, un cese al fuego bilateral y efectivo que permita la realización de estas tareas.

Sería necesario también que mediante una paz real y definitiva las bandas paramilitares al servicio de los latifundistas pudieran quedar aisladas y perseguidas por las fuerzas gubernamentales, que de este modo si velarían por el cumplimiento de la ley.

El problema de la tierra en Colombia está indisolublemente vinculado al logro de una paz justa y efectiva que considere los derechos de los campesinos, indígenas y afrodescendientes. De ello depende en buena medida la conclusión exitosa de los actuales diálogos de paz.