Cárcel a los que no violan
19 de agosto de 2019
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La pena de prisión por seis años al gobernador indígenade la provincia peruana de Puno, Walter Aduviri -en el clandestinaje-, por haber encabezado hace ocho años una rebelión contra una transnacional minera; y las presiones ejercidas contra otros dirigentes regionales también de procedencia autóctona, delatan la decisión oficial de criminalizar a todos aquellos líderes socialesque defiendan los derechos de los habitantes originarios ante la explotación de latifundistas y empresas mineras que saquean las riquezas del país suramericano.
Lo cierto es que la criminalización de las protestas sociales y la cárcel a quienes las dirigen ya han sido legisladas en los últimos días, con un espíritu unánime de los jueces que lo hicieron y el respaldo de las más importantes facciones políticas representadas en el Congreso.
Lo más sintomático es que el gobernador de Puno, en fuga, repito, fue reelecto en el 2018, con un respaldo enorme de la población, que conoce sus inclinaciones, y lo respalda, a favor de la política ejercida porel presidente Evo Morales en la vecina Bolivia.
Otros líderes regionales, también indígenas, han sido acusados por sus simpatías hacia el Gobierno Bolivariano de Venezuela, mientras los gobiernos occidentales que se dicen democráticos ignoran las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos a los descendientes de los habitantes originarios peruanos.
En este contexto, entidades peruanas, representantes de la población de la Amazonía, presentaron denuncias ante Naciones Unidas por violaciones a losderechos humanos.
Los casos tratan sobre graves violaciones a sus derechos individuales y colectivos amparados en diversas normas internacionales y locales y que han sido transgredidos por el Estado peruano.
Las transgresiones han sido ocasionadas principalmente por la exploración, explotación y contaminación por las empresas transnacionales petroleras y el debacle causado por madereros ilegales.
De igual modo se denunció la amenaza que significa el paquete legislativo que intenta imponer el gobierno y que atenta contra los derechos de los indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales.
Los denunciantes son representantes y líderes de diversas comunidades y federaciones indígenas de los distintos pueblos de la Amazonía de Perú, tales como: Shipibo-Konibo, Chayahuita, Yine, Achuar, Sharanahua, Huitoto, Asheninka, Yanesha, Machiguenga, Shawi y Awajun Wampis, entre otros.
Ellos se reunieron en Yarinacocha y Pucallpa, en el marco de la Escuela amazónica de líderes indígenas Senen Soi, y tomaron la decisión de presentar sus casos a la Relatoría Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, instancia que fue creada en el 2001 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El relator tiene la competencia de recolectar información y comunicaciones relativas a violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, formular recomendaciones prevenirlas y coordinar con otros procedimientos especiales y órganos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas.Actualmente dicha relatoría es presidida desde Ginebra por el Doctor James Anaya.
Del mismo modo, algunos de los casos serán derivados a otras instancias de protección de derechos como la Relatoría sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
Empero, y no sin razón, algunos dirigentes se han mostrado recelosos acerca de la disposición de la ONU detratar honestamente los problemas de los indígenas peruanos, señalando que si esas acusaciones se hicieran contra los gobiernos de China, Cuba, Corea Democrática,, Irán, etc., entonces los regímenes “democráticos”, sí se pronunciarían y propondrían condenas..
Como los tiempos de la explotación del caucho, aún se sigue explotando la Amazonía. Antes era el caucho, ahora son sus tierras. Más aún: también sus familias, plantas, y animales) están siendo comercializados. Y para coronar el despojo, también se venden los conocimientos farmacológicos y botánicos de los indígenas.
Pero no es nada nuevo, y es la verdad: los amazónicos no existen para el Estado.
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