Brasil: el “delito” de Lula
10 de julio de 2018
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Tras un corre-corre en el que dos jueces brasileños se vieron involucrados el más reciente fin de semana respecto a la ilegal prisión a que ha sido sometido el líder brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, queda muy poco por creer, desde el punto de vista jurídico, en esa nación latinoamericana.
El asunto, que trascendió las fronteras de Brasil, comenzó en la tarde del domingo, cuando Rogerio Favreto, el juez que estaba de turno en el TRF-4, concedió un habeas corpus a Lula y ordenó la liberación inmediata del ex presidente, quien está recluido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba.
Según BBC-Mundo, Favreto consideró que al estar privado de libertad, a Lula se le está impidiendo ejercer su derecho como candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones que tendrán lugar en octubre.
La noticia voló como pólvora y los encargados de “garantizar” que Lula permanezca tras las rejas al menos hasta que termine el proceso electoral actual en el cual es el gran favorito para ganar la presidencia, la revirtieron de inmediato con una contra orden –ilegal desde el punto de vista jurídico– cuando el juez Joao Gebran Neto, también del Tribunal TRF-4 bloqueó la decisión y ordenó a la policía que mantuvieran preso a Lula.
Lo que está detrás de esto, que superficialmente algunos medios llaman una “batalla judicial”, va mucho más allá de lo que pueda hacer y deshacer un juez local en un país donde prevalecen en la calle –y en el gobierno– verdaderos corruptos que escapan a la ley por su poder y su dinero.
Como lo ocurrido este domingo tenía que ver con dos jueces del mismo nivel, los interesados en mantener preso a Lula, movieron los hilos y apareció entonces el presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), señor Carlos Thompson Flores, quien determinó que Lula da Silva debe permanecer recluido.
Esta vez la decisión la tomaba el mismo Tribunal que en abril de este 2018 condenó a Lula a 12 años de prisión, acusado de delitos no comprobados en torno a un apartamento.
Lo del citado inmueble fue el pretexto encontrado por quienes saben que la única forma de sacar a Lula de la contienda electoral para que no sea electo presidente, es mantenerlo preso, bajo la acusación que sea.
De esa forma lo ilegal se hace “legal”, no importa que millones de brasileños hayan salido a las calles exigiendo libertad para él y condenando su arbitraria reclusión.
Lula mantiene su candidatura y lidera todas las encuestas, a pesar de tantos contratiempos y traspiés que le ha puesto la injusticia de su país y del afán por quienes usurpan el poder de que los comicios de octubre próximo los vea desde el interior de una celda, tras las rejas de la comisaría en Curitiba.
En una entrevista desde la cárcel, este periodista, vía correo electrónico hizo varias preguntas a Lula, publicadas en Granma el 15 de junio pasado. Definió el proceso que se lleva contra él como “un proceso político, una prisión política…Tuvieron que irrespetar la Constitución para arrestarme. Lo que está quedando cada vez más transparente para la sociedad brasileña y para el mundo es que ellos quieren sacarme de las elecciones del 2018. El golpe dado en 2016, con la retirada de su Presidenta electa, indica que ellos no admiten que el pueblo vote a quien quiera votar”, aseguró.
Hoy, cuando lo vemos tras las rejas, condenado sin pruebas para eliminarlo ante el clamor popular de ser nuevamente presidente del país, sus palabras mantienen el valor y la firmeza de un líder consecuente con sus principios y con la decisión de continuar luchando, aunque le mantengan ilegalmente detenido.
En otra entrevista que hice al amigo y periodista brasileño, Frei Betto, este me informó que esa misma mañana había estado hora y media con Lula. Le pregunté sobre el plan entronizado contra el dirigente obrero y respondió: “No hay pruebas que justifiquen las acusaciones hechas a Lula. Pero Brasil está bajo gobierno de excepción, fruto de un golpe parlamentario y conducido por corruptos notorios”.
Es clara la conclusión. No hay dudas, la oligarquía brasileña y su acompañante poder mediático, capaces de dar un golpe parlamentario contra la presidenta legítima Dilma Rousseff, se sabe amenazada de recibir Lula el voto favorable en las próximas elecciones, lo que daría al traste con los elementos corruptos hoy instalados en las diversas esferas gubernamentales, incluyendo la jurídica.
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