A cada cual, su trocha
22 de abril de 2013
|Desde hace meses Costa Rica es sacudida por escándalos de corrupción, los cuales tuvieron su punto más alto en la desaparición de sumas millonarias en el proyecto de construcción de una trocha fronteriza con aparente ventaja para el incremento de las exportaciones. Ello se suma a los mayores incumplimientos que logros de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que entra en su sexto año, propiciado por el anterior gobierno de Oscar Arias.
Este es tristemente recordado por la encomienda del Imperio de intermediar en lo relativo a la asonada contra el legítimo mandatario hondureño, Manuel Zelaya, la cual “santificó”, luego de aparentemente condenarla.
De Arias no se podía esperar otra cosa. Este Premio Nobel de la Paz, en 1987, estuvo dos décadas viviendo de la gloria del título, hasta que retornó al poder. Apeló a la fuerza, en contradicción con la historia de su país y de sus prédicas, al impulsar una remilitarización cada vez más descarnada de los cuerpos policiales, a los que utilizó para acallar a quienes se rebelaron contra su mandato.
Aunque la corrupción ha sido algo recurrente en los anteriores mandatos, y prevalece con creces en la actualidad, los relativos a los personeros en la época de Arias alcanzaron celebridad.
Tal es así que las irregularidades de la ya mencionada Trocha Fronteriza 1856 solo se conocieron año y medio después que el Consejo Nacional de Vialidad inició el proyecto, entidad cuyos principales dirigentes dijeron que no eran responsables, “porque se firmó en época de Arias”.
En otro aspecto del grave problema, el diputado José María Villalta, aseguró que el entramado corruptivo parte de las filas de banqueros que controlan las campañas electorales de este y el anterior gobierno, ponen gente afín en el Banco Central y sostienen al vicepresidente Luis Liberman, quien quitó a las personas que discreparon de sus posiciones y promovió una comisión a fin de reformar el mercado de valores.
En este contexto, Semanario Universidad publicó un manifiesto de la Central General de Trabajadores y otras entidades obreras costarricenses que llama a luchar firmemente contra lo que denominó declaratoria de guerra del gobierno que atenta contra los derechos del pueblo, los servicios públicos y el patrimonio nacional.
Aunque no hace referencia al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado hace seis años, llama a luchar en las calles para evitar el regreso a las condiciones precarias en materia de derechos sociales como ocurría en la década del treinta del siglo pasado, y exige cárcel para los corruptos, entre otras numerosas demandas.
Y es que se ha dejado en la completa impunidad casos de corrupción orquestados en el gobierno de Rodrigo Arias, los de evasión fiscal que implican al ex ministro Herrero, y los de tráfico de influencias que involucran al vicepresidente Liberman y al ministro de Educación Garnier, relacionados en las asesorías a la consultoría Procesos, propiedad de Flor Isabel Rodríguez, esposa de Herrero; y muchos etcéteras más, que hacen interminable esta escabrosa lista.
Lo cierto es que la situación en Costa Rica es ignorada en general por el resto de la prensa del continente, lo cual facilita el amplio déficit fiscal engendrado por los gobiernos de turno, al conceder a manos llenas exenciones y privilegios para las grandes empresas y transnacionales, y no hacer nada frente a la morosidad patronal en materia de impuestos y cuotas del seguro social.
Además, hay un proyecto oficial llamado de “ordenamiento salarial del sector público”, que tiene como objetivo “nivelar” hacia abajo los salarios de los funcionarios públicos y mantener intactos los enormes de la jerarquía, así como liquidar el derecho a la negociación colectiva.
Es decir, todo un objetivo, no confesado, de destruir la organización sindical en sus últimos bastiones del sector público, algo que ya se venía tramando desde la firma del Tratado, cuyos cerebros pensantes tienen actualmente también entre sus principales planes lograr la concesión del megapuerto en Limón para la transnacional APM Terminals, otorgándole el monopolio en contenedores, lo que implica la pérdida de soberanía, miles de empleos y el patrimonio portuario.
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