Ahora la OEA contra Nicaragua

24 de diciembre de 2020

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Elson Concepción Pérez

 

Lo mejor del chiste del tema que les comento, está en el último párrafo de la información de EFE, cuando dice que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que derogue la «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» y —si faltaba algo— afirmó que «la OEA está preparada para asesorarle en la celebración de elecciones libres, justas y transparentes».
Hay que tener poca vergüenza para decir tal cosa, más cuando en todos los países de esta región se conoce muy bien el papel jugado por esa funesta institución, experta en fabricar informes falsos, provocar revueltas y hasta dar golpes de estado, como lo hizo el pasado año en Bolivia.
¿De qué se trata? Pues ni nada más ni nada menos que exigir a Nicaragua que renuncie a su soberanía y autodeterminación y a la lucha por la paz y en su lugar permita que los grupos pagados por el gobierno de Estados Unidos y aupados por la propia OEA, asuman el poder en la nación sandinista.
No por casualidad, tan pronto Almagro se pronunció, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador ante esa organización, Carlos Trujillo, brindó todo el respaldo de la administración Trump a la exigencia contra Managua.
La citada Ley nicaragüense fue aprobada debidamente por la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional de ese país, y se pronuncia por inhabilitar a optar por cargos de elección popular a quienes «lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico».
La legislación, en su artículo 1 determina que perderán el derecho político a ser elegidos «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional».
De igual forma tendrán esas limitaciones quienes «fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos».
Otros sujetos a quienes se podrá aplicar el nuevo cuerpo legal serán los que «pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», refiere un despacho noticioso de PL.
Por último cita entre los inhabilitados a quienes «propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».
La ley, aunque así no lo reconozca la OEA y Luis Almagro, fue aprobada democráticamente por el parlamento con 70 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones.
Por supuesto, la OEA y su secretario general no podían aceptar semejante práctica soberana y por eso, con el apoyo total de Trump y Pompeo, exige que se derogue de inmediato la ley, mostrando una vez más la pésima costumbre de involucrarse en todo proceso independiente, soberano y democrático de la región no serviles a lo que dicte Estados Unidos.