Tragedia que viene
25 de septiembre de 2020
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Algunos países están usando la pandemia dela COVID-19 para relajar sus políticas de protección al medioambiente, algo irresponsable y peligroso., que constituye una violación de los derechos humanos y hace que ciertos gobiernos se pongan a la misma altura del de Estados Unidos, un ente que lo niega todo, desafía lo racional y le importa un bledo lo que suceda con los pueblos, incluido el suyo, contal que no se pierdan dividendos y golpee a la economía.
Para Donald Trump, un presidente que lo mega e incumple todo, que se retira de convenios que pueden ayudar a encontrar la necesariapaz, no existen los estudios que previenen del desastreambiental que se nos echa encima.
Ismael Clark Arder, ex presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, publicó en “Granma” (“Océanos en riesgo”) que la concentración de dióxido de carbono CO2 es actualmente lamás alta experimentada porla Tierra en almenos los últimos 800 000 años, lo cual ha conducidoa un aumento significativo de le temperatura de la atmósfera y de los océanos. “El océano ha absorbido la tercera parte de las emisiones del CO2 producidas por el hombre”, acotó.
La única alternativa plausible para minimizar en lo posible cambios aún de mayor envergadura y por plazos todavía más largos en la composición de los océanos, es la de refrenar el incremento de las concentraciones atmosféricas de CO2, mediante la reducción drástica de las emisiones de dicho gas proveniente de actividades humanas.
Así lo aprecian las academias de ciencias de todos los continentes, las que reclaman de las gobernantes medidas eficaces para reducir las emisiones de CO2, hacia el 2050, en no menos de un 50% con respecto a los volúmenes emitidos en 1990 y seguir logrando después reducciones adicionales.
La deforestación, la agricultura industrial, el comercio ilegal de vida silvestre, los cambios climáticos aumentan el riesgo de futuras pandemias.
Un comunicado al respecto de Naciones Unidas criticó el anuncio realizado por varios gobiernos donde indican que están reduciendo sus exigencias medioambientales, suspendiendo los requisitos de vigilancia ambiental, disminuyendo la aplicación de las normas ecológicas y limitando la participación pública.
“Es probable que estas decisiones políticas den lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y repercutan negativamente en una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, el agua, la cultura y la alimentación, así como el derecho a vivir en un entorno saludable”, enumeró.
Y es que tal como indican las evidencias científicas, las personas que habitan en zonas con mayores niveles de contaminación atmosférica, sufren un mayor riesgo de muerte prematura a causa de la COVID-19. Del mismo modo, el acceso al agua limpia es esencial para evitar que las personas contraigan y propaguen el virus.
Una de las lecciones que podemos extraer de la pandemia del coronavirus es que demuestra la vital importancia de conservar un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.
Del mismo modo, tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes son por “zoonosis”, o sea que se transmiten de los animales salvajes o domesticados a los humanos, como por ejemplo sucede con el ébola, el SARS, el MERS y ahora con la COVID-19.
Así, una decisión “miope” como la de debilitar o interrumpir las regulaciones ambientales, solo servirá para empeorar aún más la situación.
Por eso, venciendo los egoísmos que provienen principalmente de gobiernos que han implantado una ecónoma neoliberal, es necesario acelerar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, ya que conseguir un medio ambiente sano es una forma eficaz de prevenir pandemias y proteger los derechos humanos.
El profundo carácter social del estado cubano, hace que la gestión ambiental tenga un marcado carácter popular, con la más amplia participación de todos, ya sea como parte de órganos u organismos del gobierno, organizaciones no gubernamentales, universidades, organizaciones políticas y de masas, asociaciones y otras instituciones reconocidas por la ley, hasta la actuación individual o colectiva de los ciudadanos.
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