León “cuidando” ovejas

10 de julio de 2020

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

 

La mala gobernanza, promesas incumplidas, pobreza que avanza a pesar del crecimiento y otras muchas cosas malas más fueron suficientes para que, en medio de una descuidada epidemia de la COVID-19, el pueblo dominicano venciera el miedo al peligro y acudiera a las urnas para a dar un voto de castigo al gobierno de Danilo Medina, poniendo fin a un enquiste consecutivo de 16 años en el poder del supuestamente centroizquierdista Partido de Liberación Dominicana (PLD).
La epidemia había pospuesto los comicios inicialmente señalados para mayo último, en los que ya se vislumbraba la victoria opositora, más por los yerros del PLD que por virtud propia.
Así una nación explotada por el empresariado verá ascender al poder en agosto venidero a un empresario, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien aprovechó la división del PLD para vencer en la primera vuelta al representante del oficialismo, Gonzalo Castillo, y al tres veces presidente Leonel Fernández, quien había creado la coalición Fuerza del Pueblo.
Alguna que otra acción violenta no fue lo que primó en los comicios, y sí mucha compra de votos en las afueras de por lo menos 17 colegios electorales, con algunas detenciones al respecto, entre ellas la del presidente de a la postre ganador PRM.
La decisión popular de buscar otro gobierno fue simplemente, subrayo, un voto de castigo no sólo a Medina, sino a toda una pléyade del PLD que está envuelta en problemas de corrupción en un país que ha crecido económicamente como nunca antes, pero reflejado en el modo de vida de una población cada vez más pobre, con graves problemas sociales en lo educativo, sanitario y un salario mínimo que es todo un escándalo.
El nuevo mandatario ha hecho grandes promesas, como el de cambiar la cara del país, pero para ello tendría que sacrificar sus intereses empresariales, dar el ejemplo y “olvidar” que fue aupado por unaentidad partidista conservadora, de derecha y fiel defensora de los intereses de Estados Unidos.
Es difícil que este “león” pueda vencer el hambre para no comerse a las “ovejas” que debe cuidar y guiar. Por lo pronto tendrá que enfrentar demandas del aumento del salario mínimo, en cuyo aspecto República Dominicana está por debajo del nivel normal, al igual que Haití y Honduras.
El Comité Nacional de Salarios había admitido, luego de varios meses de negociación, un reajuste del 14% a las tarifas vigentes de salario mínimo no sectorizado, un monto muy por debajo de la propuesta inicial de aumento del 30% de la representación sindical y que no contó –subrayo- con el voto favorable de la representación empresarial.
Si bien el nuevo aumento duplica la inflación acumulada desde el penúltimo aumento salarial de marzo del 2017, el salario mínimo que devengarán los trabajadores de las empresas con capital o existencia de menos de cuatro millones de pesos seguirá siendo de pobreza, pues no logra superar el mínimo de subsistencia, es decir, el ingreso mínimo que requiere un trabajador en el ámbito del hogar para cubrir el costo de la canasta básica de pobreza que elaboran el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística.
Pese al pírrico reajuste del 14%, la respuesta de la representación empresarial en el Comité Nacional de Salarios ha sido virulenta. Sus argumentos para oponerse al monto no son respaldados por los datos disponibles sobre precios, costos laborales, productividad laboral y utilidades de las empresas actualmente disponibles, incluidos los que produce el Banco Central.
El principal argumento que vuelven a esgrimir los empresarios es el supuesto alto nivel de los costos laborales no salariales (seguridad social y otros impuestos de nómina, cesantía, etc.) en el país.
Los voceros de las organizaciones del sector empresarial repiten insistentemente desde fines de la década pasada que el país tiene “la carga laboral más alta” (65% en promedio) en toda la región de Centroamérica y Caribe, lo que estaría incidiendo en la baja generación de empleos y afectando la competitividad de la economía dominicana en relación con sus mayores competidores de la subregión, en la que dichos costos fluctúan entre el 43% y el 52% del salario base.
Sin embargo, las evidencias disponibles no confirman, sino que más bien refutan los datos y argumentos de la cúpula empresarial respecto a los altos costos de la mano de obra (“sobre costos laborales”) en República Dominicana. Visto como costo laboral, desde la perspectiva del proceso productivo las remuneraciones al factor trabajo no están afectando la rentabilidad ni la competitividad de las empresas que operan en República Dominicana.
Y así un representante de este empresariado ha llegado al poder, prometiendo y prometiendo, aprovechando el cansancio de un pueblo ante consecutivos malos gobiernos.