A la derecha, sin vergüenza
25 de agosto de 2018
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Sin disimulo, sin vergüenza que lo disfrace, el gobierno de Lenín Moreno ha realizado un giro aún más pronunciado hacia la derecha, al retirar a Ecuador de la solidaria Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), luego de nueve años de permanencia, e incorporarse a las maniobras navales auspiciadaspor la Marina de Guerra de Estados Unidos, UNITAS, a las que no asistía desde hace once.
Sobre la primera decisión alegó que Caracas no hacía nada para impedir la crisis humanitaria con los refugiados venezolanos y la que se vive en la propia Venezuela, coincidiendo con criterios de EE.UU. y la OEA para justificar una invasión militar al país suramericano, en tanto acerca de la segunda explicó que la incorporación a los “juegos navales” se justificaba con el fin de preparar mejor a su marina y ayudar en actividades de socorro a causa de desastres naturales. Esto último conllevará el desembolso de decenas de millones de dólares para modernizar el cuerpo.
Al mismo tiempo, su equipo diplomático subrayó el abandono de la protección que hacía del exiliado político Assange en la embajada de Ecuador en Londres, santificaba la persecución que mantenía a Lula prisionero en Brasil y la orquestada en Argentina contra Cristina Fernández, mientras trataba de cerrar el lazo contra el ex presidente Rafael Correa, en peligro de ser encarcelado y condenado por cualquier delito, siempre con pruebas fabricadas, con el fin de eliminarlo del escenario nacional.
Para eliminar a Correa, el proceso que se desarrolla en Ecuador tiene ribetes particulares, porque el Gobierno tuvo que torcer ilegalmente la institucionalidad judicial existente.
El control del Consejo de Participación (CPCC) designado por el presidente Lenín Moreno -a partir del referéndum- fue un paso esencial, reitero, para el cambio en la institucionalidad judicial y el desarrollo de la persecución judicial a Correa. El CPCC, en tan sólo tres meses, ha destituido al fiscal general y al presidente del Consejo de la Judicatura, abriendo el camino para que el Gobierno, apoyado por las bancadas de derecha, le quitara el fuero presidencial a Correa, con una dudosa acción de la Asamblea Nacional.
Moreno y las élites ecuatorianas están yendo por todo, como lo demuestra la destrucción de las instituciones para garantizar la condena de Correa, en un proceso judicial construido sobre las mismas burdas bases de sospechas, testigos falsos e inexistencia de pruebas, al igual que en Brasil y Argentina.
Es una guerra judicial con múltiples objetivos: deslegitimar la gestión gubernamental de Correa, impedir su retorno a la política, acabar con su imagen pública, y aplazar -o tratar de impedir- una crisis de gobernabilidad -previsible, en la medida en que se acerquen las próximas elecciones en el 2019 de gobiernos seccionales y del CPCC.
Los simpatizantes de Rafael Correa afirman que no está derrotado. El rechazo a la persecución en su contra empezó a crecer con la movilización del 5 de julio pasado, que desbordó las calles de Quito para exigir al gobierno el cese de la operación judicial. Un sector importante de la ciudadanía lo apoya, como quedó demostrado en el referéndum, pues cerca del 36% del electorado lo apoyó.
A esta base correísta se han ido sumando otros sectores, afectados por el giro neoliberal del gobierno –aunque no se identifiquen con el ex presidente-, puesto que las medidas de “austeridad” y el incierto plan económico oficial ya han comenzadoa romper la quietud (y cierta complacencia) que han mantenido hasta ahora las centrales de trabajadores y el movimiento social.
Se prepara el escenario de las elecciones municipales y del Consejo de Participación, donde medirán fuerzas Moreno y Correa. Será un momento de confrontación en los territorios, que puede empezar a decantar la disputa política que destrozó al movimiento Alianza País, una puja en favor o en contra del neoliberalismo. Estos comiciospueden hacer surgir una nueva fuerza ciudadana que se proponga tomar el control de estratégicos espacios electorales que reconfiguren el mapa político ecuatoriano. El único dilema sería asegurar la honestidad de la consulta.
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