Policías arrestan a policías
25 de junio de 2018
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La situación de violencia e inseguridad ciudadana en México asume cada vez más situaciones impensables, como la detención de unos treinta policías del municipio de Ocampo, en Michoacán, acusados de vínculos criminales luego del asesinato de un candidato a alcalde por el Partido de la Revolución Democrática.
Lógicamente fueron detenidos por otros policías, enviados por la Subsecretaría de Seguridad Pública (SSP), luego que sus colegas locales, incluido el mismísimo director del cuerpo armado, se resistieran a tiros por un operativo en su contra organizados por la Seguridad Pública Estatal.
Todo comenzó cuando el político fue acribillado a balazos por varios sujetos armados, convirtiéndose este hecho en el segundo asesinato de candidatos en ese Estado en menos de 24 horas y el tercer crimen en ocho días y el quinto en esa localidad en lo que va de proceso electoral. En todo el país suman más de 100 las víctimas mortales.
Incluso el alcalde de Ocampo, Gabino Rojas Mondragón participó en el acto de resistencia armada frente a la acción de las autoridades estales y, además, alentó a los vecinos del lugar para que impidieran el arresto de los uniformados locales.
En la actualidad la Comisión de Asuntos Internos y Jurídicos de la SSP investigará lo ocurrido, pero mientras tanto, la cárcel local ya no solo está llena de criminales, precisa un titular de la prensa mexicana, sino también de policías por sospechosos.
Los medios locales hablan de la presión del crimen organizado y los analistas coinciden en que los carteles son tan poderosos que podrían estar infiltrados en distintos niveles en la política y en las fuerzas de seguridad (aunque esto varía en cada Estado).
Según analistas, en Michoacán, hay 3 cárteles: el cada vez más poderoso Jalisco Nueva Generación, que disputa el territorio con los disminuidos Zetas y la Familia Michoacana. También la violencia afecta las elecciones del 1ro de julio, pues los electores tienen miedo a votar.
Los políticos con mayor riesgo son los locales, al constituir el eslabón más débil: los matan porque no sirven a sus intereses, porque no quisieron pactar con ellos o porque no les cumplieron.
El actual proceso electoral, desde septiembre de 2017 hasta la fecha es uno de los más sangrientos de la historia reciente de esa nación y evidencia que el crimen organizado quiere imponer a los gobernantes de base para poder seguir operando con impunidad.
A eso se suma que México descubre a sus muertos de las formas más crueles: colgando de puentes, disueltos en ácido, descuartizados y hay miles que ni siquiera son hallados: el gobierno admite la desaparición de 32.000 personas desde 2006.
Los asesinatos de los políticos en México son muestra de que “hay lugares en el país donde los que mandan son los delincuentes, el poder de facto, y no las autoridades electas”, asegura José Reveles, periodista especializado en temas de violencia, narco e impunidad.
Al margen del proceso electoral, el país sufren en estos momentos la peor ola de violencia de su historia, con más de 25 mil homicidios dolosos registrados el año pasado, con una media de casi 70 por días, según cifras oficiales. En total hay más de 200 mil personas muertas desde que en 2006 se iniciara la guerra contra los narcos. Y la violencia continúa.
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